El fujimorismo y el 2017

Consecuencias de Lava Jato y posible fracaso pepekausista

Al primer golpe de vista cualquiera podría sostener que el 2017 se presenta promisorio para los intereses naranjas. El caso Lava Jato colocará los reflectores, las cámaras y los flashes, en la clase política posfujimorato que consolidó su protagonismo denunciando la megacorrupción de un sector de la cúpula estatal de los noventa. De alguna manera los fujimoristas podrían estar tentados a sostener que el azar se ha confabulado para demostrar que a las izquierdas —que suelen desarrollar sus programas y estrategias en base a “denuncias de corrupción” contra los adversarios— ahora les toca probar de su propia medicina. Y, entonces, allí está la Comisión Lava Jato para amplificar las denuncias y hacer sangrar todas las heridas, como suele hacer la izquierda.

El hecho de que la administración PPK —más allá de las interesantes reformas para acabar con el Estado burocrático y sobrerregulado, y relanzar la inversión pública y privada— no haya logrado controlar el desborde social de la criminalidad que ya roza los malls mesocráticos de Lima, y el hecho de que el radicalismo antiminero ponga en jaque a casi todas las minas del sur, también podrían convertirse en el argumento perfecto para que el movimiento naranja apriete el acelerador de la oposición y apueste por una clara estrategia trumptiana: desafiar al establishment y A la mayoría de los medios para ganar la elección del 2021.

¿A dónde vamos? Al primer vistazo los hechos parecen armonizar para favorecer al movimiento naranja y definir una clara estrategia hacia el 2021. Sin embargo los efectos del escándalo Lava Jato y de un eventual fracaso de la administración PPK pueden tener consecuencias tan devastadoras para el sistema que el fujimorismo podría verse tan afectado por las ondas de las explosiones que, de una u otra manera, pondría en riesgo sus posibilidades en las próximas elecciones nacionales.

Y es que el fujimorismo puede apostar a representar el anti establishment, el mundo emergente, la sociedad excluida del Perú oficial y la media mesocrática, pero semejante estrategia solo será exitosa si la representación busca la inclusión dentro del sistema. La cosa es simple: el fujimorismo puede ser antisistema, pero también forma parte del establishment. Allí está la Constitución de 1993 y casi todas las reformas económicas y sociales que explican el Perú de hoy. A diferencia de Gregorio Santos o de Verónika Mendoza, el movimiento naranja está indisolublemente ligado a la actual República y la sociedad de clases medias que se empieza a organizar.

Si las ondas destructivas del caso Lava Jato y de un posible fracaso de la administración PPK ponen en aprietos al sistema político, económico y social que ha surgido en las últimas décadas, de una u otra manera el fujimorismo también podría ser víctima del “que se vayan todos” que podría surgir con el hartazgo hacia todos los políticos y el espacio público. Las cosas, pues, no es fácil para nadie.

Si el fujimorismo actúa con razón, con ventaja y sin sobrepasarse, y vincula su quehacer político con la continuidad de la República y algunas reformas constitucionales claves (la bicameralidad, por ejemplo) mientras desarrolla el legítimo juego opositor es evidente que cualquier crisis de gobernabilidad que desate el error pepekausista podrá ser absorbida por la democracia. Amplios sectores del país llegarán a la certeza de que ha surgido un nuevo movimiento naranja, disolviéndose de esta manera esta especie de guerras de religiones que ha desatado el radicalismo antifujimorista en el país.

No es fácil, pues, confiar en el primer golpe de vista. La simple percepción debe ceder al racionalismo crítico.