Dos caras de la misma moneda: ¡la constituyente y estatizar el cobre!

La manera cómo Perú Libre ha propuesto el proyecto de estatizar el cobre nacional desvela que la oposición yerra en no vincular la lucha contra la constituyente, el fin del desastre nacional de Castillo, y la defensa de la idea de patria, con la defensa del modelo económico, del crecimiento y del proceso de reducción de pobreza. 

De allí la indiferencia frente al problema de la minería e incluso la mimetización de algunos líderes opositores democráticos con las acciones de las minorías radicalizadas. Algunos creen que los asaltos a los campamentos mineros, la destrucción de maquinaria y la violencia contra los trabajadores de las minas son la expresión “de la exclusión y la postergación”.

Muy por el contrario, las corrientes comunistas y colectivistas que proponen la asamblea constituyente, desde un inicio, entendieron que la destrucción del modelo económico basado en la inversión privada, era otro de los caminos para llegar a la constituyente. Si se desploma la inversión privada y se ahuyenta cualquier nuevo emprendimiento, el crecimiento no permitirá generar suficiente empleo para seguir reduciendo la pobreza. En este escenario se destruirá a las clases medias y aumentará la pobreza.

Con una sociedad de mayoría de pobres, las políticas del regalo populista y las expropiaciones del sector privado pueden ganar mayor audiencia en la ciudadanía. Es decir, hay un espacio enorme, ancho y ajeno, para la política de las clientelas que ha caracterizado a todos los proyectos bolivarianos de la región. Para avanzar hacia ese objetivo, el Foro de Sao Paulo necesita destruir la minería moderna nacional, porque ella es una columna principal del crecimiento y, de una u otra manera, explica gran parte de los ciclos virtuosos en la economía y sociedad de las últimas décadas.

Por todas estas razones, llama la atención cómo la oposición se ha mantenido de costado frente a la estrategia de organizar soviets en las minas que, mediante ataques directos a las operaciones mineras, han logrado paralizar las operaciones de MMG-Las Bambas en Apurímac y de Cuajone en Moquegua, en días pasados. 

Cuando los llamados dirigentes comunales controlan por la violencia las minas, cuando queman maquinaria, cuando bloquean carreteras e impiden el traslado del mineral, en la práctica, han instalado la constituyente en el área minera. ¿Por qué? Porque en la zona minera en conflicto se ha pulverizado la autoridad del Estado, se han hecho trizas la Constitución, las leyes civiles y penales, y se ha pintado en la pared a todas las instituciones estatales. Es una zona liberada de la Constitución, que los comunistas buscan abolir Y, de otro lado, el nuevo poder que emerge es el soviet –de acuerdo a la definición leninista– con los nombres más diversos: desde comunidades hasta frentes de defensa.

No se puede negar que en las zonas mineras hay injusticias. Las empresas mineras modernas en el 2021 han aportado más de S/ 14,000 millones en impuestos –una cifra récord en la historia– y, en la última década, han contribuido con más de S/ 40,000 millones por canon a los gobiernos subnacionales. ¿En dónde están las carreteras, las postas médicas, los colegios y los sistemas de agua y desagüe que cambien la situación social de las áreas mineras? El Estado entonces debe responder por este devastador vacío y por la exclusión.

Si en el Perú hubiese partidos democráticos en las áreas mineras, lo natural sería que ellos promuevan la alianza entre las poblaciones y las empresas para exigir al Estado que redistribuya adecuadamente la renta minera. Sin embargo, en las regiones mineras solo hay partidos bolcheviques y han empezado la “llamada toma de minas”, como en los sesenta del siglo pasado se promovían las tomas de tierras antes de las expropiaciones velasquistas.

Y la oposición, ¡no se oye, padre!