¡Dios mío! ¿Qué sucede con el Ejecutivo y la policía?

Desde el punto de vista del éxito de la administración Sagasti –es decir, desde el objetivo de restablecer criterios mínimos de gobernabilidad y garantizar las elecciones del 2021–, no existe ninguna razón para entercarse con la decisión de pasar al retiro a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP). No hay una sola razón.

Quizá los asesores del presidente interino, Francisco Sagasti, hayan aconsejado que recular en semejante decisión revelaría una debilidad y fragilidad de la administración transitoria que pondría en peligro la gobernabilidad. Sin embargo, ¿puede haber mayor fragilidad ante el hecho de que menos de 2,000 personas bloqueen la Panamericana Sur y logren derogar la Ley de Promoción Agraria, una norma que fue mantenida durante cuatro gobiernos y cuatro legislativos, elegidos mediante sufragio? ¿Puede haber mayor debilidad que la imagen de un Estado que se rinde a una minoría radicalizada que viola la Constitución y todas las leyes? No hay estado democrático sin policía. Y eso sucede en el Perú con la evidente huelga de brazos caídos de los efectivos.

El gran problema de mantener esta decisión es que, conforme avance el calendario y se desarrolle el libreto radical en el sur, por ejemplo, la sensación de que la administración Sagasti naufraga irá en aumento, mientras la oposición a la absurda poda policial crecerá. Y es que el descabezamiento del mando policial no se ajusta a la ley, según lo acaba de señalar con todas sus letras la Defensoría del Pueblo. 

No hay ninguna racionalidad en el Ejecutivo que persiste en esa decisión. En ese sentido, dar marcha atrás es la única forma de levantar la huelga de brazos caídos de la PNP, en momentos en que se prepara una oleada radical para derogar la Ley General de Minería y convocar una asamblea constituyente. La tozudez está fuera de duda: si se hubiese permitido continuar a Cluber Aliaga, renunciante ministro del Interior, con su objetivo de respaldar políticamente a la PNP –ante la injusta y feroz campaña de demonización de esta institución llevada a cabo por la izquierda– y restablecer el mando policial de acuerdo a ley, seguramente, hoy la administración Sagasti estaría organizando una nueva situación. Sin embargo, se prefiere continuar en arenas movedizas.

Ante la persistencia en el error del Ejecutivo han comenzado a aparecer diversas teorías conspirativas. Una de ellas señala que el Partido Morado pretende controlar políticamente a la PNP con el objeto de tener mayores herramientas políticas en la transición hacia el 2021. Si el Ejecutivo y el presidente Sagasti no enmiendan este terrible yerro –pese a la opinión de la Defensoría, de los ex ministros del Interior, de la comunidad democrática y, sobre todo, pese a la ofensiva que organiza el radicalismo en el sur del Perú–, entonces el Ejecutivo comenzará a enturbiar las próximas elecciones generales. 

Y la turbidez y el aire enrarecido no solo se explicarán por las teorías conspirativas, sino principalmente por la ofensiva de las minorías radicalizadas y por el clima de violencia que se desatará con objeto de presionar a las instituciones republicanas para que se convoque una constituyente.