Alarmas frente al secesionismo

El columnista de este portal Tino Santander ha señalado que Puno avanza a convertirse en la Barcelona peruana por la manera como el mensaje secesionista comienza a ser parte del sentido común de la política sureña. Relata que la idea de un estado autónomo en Puno, frente al fracaso de la política centralista —una suma de corrupciones e ineficiencias—, empieza a formar parte de un proyecto viable. La noticia debería alarmar a quienes seguimos porfiando por consolidar la democracia y la economía de mercado en el Perú.

Es evidente que detrás de los discursos secesionistas de Puno está la impronta de los proyectos antisistema y anticapitalistas. Finalmente, el autonomismo extremo es una forma de acumulación política eficiente porque se trata de pegarle al “centralismo limeño corrupto”, más allá de que las políticas regionales también sean una adición de todas las corruptelas.

Sin embargo, los reflejos autonomistas que empezamos a contemplar en Puno, Moquegua, Arequipa y Junín, no solo se explican por las voluntades del antisistema. Algo así no se había presentado en dos décadas de democracia y menos a 60 días de que los gobernadores de las señaladas regiones asumieran las respectivas administraciones.

El secesionismo que empieza a expandirse en Puno solo se puede explicar por la manera como la guerra Ejecutivo-Legislativo ha terminado debilitando al Estado unitario. El triunfo de la antipolítica —en que un sector derrota a otro—, expresado en los resultados del referéndum y la feroz guerra por el control de la Fiscalía de la Nación, han convertido en puré la autoridad de las instituciones.

Sorprendentemente, Martín Vizcarra, el jefe de Estado más popular de los últimos años (algunos lo equiparaban solo con la experiencia de Alberto Fujimori en los noventa) hoy es el presidente más débil frente a los secesionismos. En la práctica no puede hacer nada. ¿Cómo explicar esta situación? La cosa es simple: en democracia la autoridad del jefe de Estado no solo emana del sufragio y de los resultados de las encuestas sino, sobre todo, de la convergencia de las instituciones establecidas en la Carta Política alrededor de una política de Estado. Algo así hoy no existe de la manera más remota. El blitzkrieg que desarrolló Vizcarra en contra del Congreso, la Fiscalía y otras entidades, más bien se parecía a los periplos que desarrollaron los caudillos plebiscitarios de la región para apoderarse del poder.

Si bien las masas no respaldaron a Vizcarra en las calles, las encuestas de Ipsos y los periodicazos de los medios tradicionales reemplazaron la falta de fervor popular, y Vizcarra se encumbró como un jefe de Estado por encima de las instituciones. Sin embargo, el jefe de Estado no tomó el poder; es decir, no derribó la democracia. Al César lo que es del César: las instituciones de la democracia siguen funcionando, más allá de que los sueños reeleccionistas sigan presentándose. En este contexto, ¿para qué Vizcarra se propuso centralizar tanto poder? Difícil entenderlo.

El panorama es complicado porque se vienen choques de envergadura. Por ejemplo, el Ejecutivo aparece muy interesado en sacar adelante el proyecto de cobre Tía María; pero el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, se opone. ¿Qué debería hacer el jefe de Estado? Bueno, todo lo contrario a lo que ha hecho desde que asumió el poder. Debería convocar a una movilización del Congreso, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de los medios de comunicación y otras entidades, para concretar el proyecto Tía María, porque es la única manera de defender la Constitución y la legalidad.

Si eso sucede quizá Vizcarra comience a superar la terrible paradoja de haberse convertido en uno de los presidentes más populares de los últimos tiempos, pero al mismo tiempo el más frágil.