Administración Sagasti de morado

Se suceden los días y la administración Sagasti, que expresa el régimen interino del Legislativo de acuerdo a la Constitución, no se convierte en el gobierno que acabe con la guerra política que –luego de las elecciones del 2016– inició Fuerza Popular, y que el ex presidente Vizcarra llevó hasta el límite. El resultado: la actual destrucción, institucional, económica y social. En este contexto, el presidente interino, Francisco Sagasti, no asume el papel del líder que necesita el proceso republicano para construir un nuevo momento político hacia las elecciones del 2021.

Todos los demócratas y republicanos entendemos que la única manera de llegar hacia el 2021 pasa por la afirmación de la administración Sagasti. No hay otra posibilidad. Imaginar una censura a la actual mesa directiva y la desestabilización del frágil Ejecutivo significaría el fin de la experiencia republicana y abrir el camino de las calles y la oclocracia desorganizadora, con la consiguiente reacción autoritaria )que llegaría de todas maneras). Tirios y troyanos saben esta verdad. De allí que el Gabinete Bermúdez recibiera un respaldo abrumador de la mayoría de bancadas, no obstante los despropósitos en el Ministerio del Interior con el ilegal pase al retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Todos parecen entender esta realidad, pero en la administración Sagasti no se recoge el mensaje. Muy por el contrario, al parecer de manera adrede, algunos sectores del Ejecutivo se aprovechan de esta urgencia republicana y se apuran en controlar las instituciones. Hoy la única explicación de lo sucedido en la PNP reside en un intento de control político de la entidad policial, sobre todo frente a la evidente huelga de brazos caídos que desarrollaron los efectivos durante el bloqueo de la Panamericana Sur y que asumen frente a cualquier protesta y ejercicio de violencia. Igualmente, las noticias que llegan sobre la manera cómo se están reorganizando los ministerios revelan que el sector morado de la administración Sagasti ha decidido controlar lo que se pueda hasta que se produzca la transición del poder. 

Considerando la impecable trayectoria personal y académica de Francisco Sagasti, es una pena que no se convierta en el jefe de Estado del fin de la guerra política y, por el contrario, permita que algunos guerreros del Ejecutivo, con la cara pintada, prosigan en su estrategia de control de las instituciones. 

Sin embargo, valgan verdades, de aquí para adelante no existirá nada parecido a lo que hubo durante la pasada administración Vizcarra, que empezó el camino de la oclocracia y agravó hasta el paroxismo la crisis institucional: desde el referendo –en el mejor estilo bolivariano– hasta el cierre inconstitucional del Congreso. 

Es incuestionable que en la administración Sagasti existirá pleno respeto al equilibrio de poderes y se mantendrán los puentes para cualquier posibilidad de diálogo. Finalmente, por los accidentes del periodo 2016-2021, el régimen constitucional peruano se ha convertido en uno “parlamentario”. El Ejecutivo es el gobierno del Congreso, de la mesa directiva.

La decisión de la administración Sagasti de observar la Ley de la ONP e interponer una acción de inconstitucionalidad ante el TC revela que la demagogia no se desatará en el gobierno. Buen signo que echa ventarrones de tranquilidad. En cualquier caso, si la oclocracia no se desencadena –luego de la administración Vizcarra y sus atentados al equilibrio de poderes– con Sagasti se podría estar en un mundo aceptable y viable. Veremos.