Política

Urgente: ¡Tercera reunión Vizcarra-Keiko! Pero pública

Clamor nacional por acuerdos para concretar reformas

Urgente: ¡Tercera reunión Vizcarra-Keiko! Pero pública
  • 29 de agosto del 2018

 

Las razones que presentó en televisión el presidente, Martín Vizcarra, para negarse a una tercera reunión con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por decir lo menos, son pueriles y absurdas. No corresponden a un político y menos a un jefe de Estado. En el supuesto de que Keiko le hubiese solicitado la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah, por sus posiciones anti empresariales, el presidente solo debía señalar que la solicitud no procedía y pasar a otro tema. Y tenía la obligación de insistir en la necesidad de que el Ejecutivo y el Legislativo desarrollen una agenda a favor de la gobernabilidad y concreten las reformas en los sistemas de justicia y político.

El primer deber del presidente en su condición de jefe de Estado y de primer magistrado de la República es representar a la nación, y la única manera de hacerlo es movilizando a las instituciones de la democracia para organizar la gobernabilidad y posibilitar las reformas que demanda la crisis de la República y la ola de indignación ciudadana contra la corrupción. ¿Cómo el jefe de Estado puede representar a la nación si él se ubica en el centro de una colisión de poderes?

Desde la renuncia de PPK, el antifujimorismo extremista y la discrecionalidad de algunas encuestadoras parecían decirle al jefe de Estado que desarrollar un gobierno en diálogo con Fuerza Popular era extremadamente impopular. El inflador que algunos aplican a las encuestas mostró sorprendentes bajones en la popularidad presidencial, mientras Fuerza Popular practicaba un abstencionismo político que lindaba en la irresponsabilidad. En este contexto, el presidente Vizcarra parece haber llegado a la conclusión de que la mayoría legislativa era cosa del ayer; escuchó un asesor argentino sobredimensionado y, en vez de liderar a las instituciones golpeadas por la corrupción para desarrollar reformas y auto regenerar a la democracia, lanzó la propuesta del referéndum político.

La propuesta del referéndum es una fórmula populista porque mezcla la urgencia de la reforma del sistema de justicia con propuestas cantinflescas (como la no reelección congresal) con el objetivo de incrementar la popularidad del presidente. La manera cómo Vizcarra se dedicó a demoler a las instituciones nos permite señalar que al jefe de Estado se le aconsejó que él —es decir, “una figura mesiánica”— debía representar la ola de indignación sobre las instituciones. Y algo de eso hubo. Incluso trascendió que desde Palacio se había solicitado informes jurídicos a más de un bufete de abogados para analizar la posibilidad de una eventual postulación de Vizcarra en el 2021. Todo parece indicar que el presidente se tragó el cuento que alimentaba su ego, sin reparar que estaba creando una ola que, tarde o temprano, iba a enfilar en contra de él. Sin resolver los problemas de la reconstrucción del norte, la crisis de seguridad ciudadana, el incremento de la anemia infantil y los muertos por el friaje, todos sabemos lo que va a suceder. ¿O no?

Allí estábamos cuando Keiko reveló las dos juntas con Vizcarra. Como no pretendemos analizar melodramas sino la política de una democracia, aquí lo importante es cómo se convierte esta coyuntura de enfrentamientos en una a favor de la democracia y las reformas. En este contexto, el jefe de Estado debería convocar públicamente a la lideresa de la oposición a Palacio y luego desarrollar una conferencia de prensa sobre lo tratado. Si Vizcarra está demasiado preocupado con las reacciones del extremismo antifujimorista, entonces debería convocar a Keiko como parte de una serie de reuniones con partidos y líderes políticos.

La mencionada ruta es el camino más seguro para el éxito de la administración Vizcarra. Un camino diferente conduce al fracaso. Asimismo vale anotar que una salida excepcional en la democracia (cierre del Congreso o adelanto electoral) solo cancela la posibilidad de reformas y de organizar la gobernabilidad. Los resultados de las elecciones del 2016 y la Carta Política de 1993 obligan a Ejecutivo y Legislativo a pactar. De lo contrario, solo resta la autodestrucción de los actores.

 

  • 29 de agosto del 2018

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