Se viene otro conflicto social en Cajamarca

Según periodistas consultados por este medio, el movimiento antiminero se empieza a organizar para desarrollar un nuevo conflicto social contra la minería moderna en Cajamarca. ¿De qué se trata? Esta vez el movimiento antiminero prepara nuevas protestas para “defender” un conjunto de lagunas denominadas Alto Perú, ubicadas en la provincia de San Pablo (Cajamarca) y que colindan con los espacios y propiedades de la empresa minera Yanacocha. El movimiento antiminero ha empezado a desarrollar la idea de que Yanacocha utilizará las aguas de las lagunas de Alto Perú para ejecutar nuevos proyectos mineros.

Esta historia tiene un hito importante cuando en junio pasado el Tribunal Constitucional (TC) resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo, (a través del expediente 03932-2015-PA/TC) presentada por Minera Yanacocha SRL contra la Municipalidad Provincial de San Pablo. ¿Por qué? Sucede que la Municipalidad Provincial de San Pablo, en la Ordenanza 001-2007-MPSP, creó Áreas de Protección Ambiental Municipal en los lugares denominados Las Lagunas y Pozo Seco (Alto Perú). Sin embargo, las municipalidades no pueden crear —según la normativa vigente— áreas naturales protegidas. La sentencia del Tribunal Constitucional advierte que la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) ni la Ley N° 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas) faculta a las municipalidades a crear este tipo de áreas protegidas.

Leonardo Cabanillas Merlo, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Pablo, sostiene que se tomó la iniciativa porque las Las Lagunas y Pozo Seco “requieren protección por tratarse de cabeceras de cuenca y por albergar humedales de gran biodiversidad y belleza paisajística”. De alguna manera, el alcalde Cabanillas indica que la nueva ley que modifica la Ley de Recursos Hídricos le da facultades para crear esta nueva área protegida. Vale recordar que la norma que comentamos posibilita que mediante “criterios técnicos” se considere como “cabeceras de cuenca” a determinadas zonas por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y por extensión, como zonas reservadas para preservar “los acuíferos” de potenciales inversiones mineras, energéticas y de desarrollo (incluso carreteras).

Otro de los argumentos del burgomaestre Cabanillas Merlo, es que en dicha zona la empresa Yanacocha empezará a desarrollar proyectos mineros. Ello no es verdad. Yanacocha no ejecutará ningún proyecto minero ni explorará los terrenos donde se encuentran las lagunas por una sencilla razón: las lagunas son del Estado y no pueden privatizarse. Sin embargo, cuando la alcaldía crea las áreas protegidas lo que genera no solo es una restricción de los espacios y terrenos de la compañía minera, sino además le quita parte de la propiedad de la empresa, aquella adyacente a las lagunas.

La bancada del Frente Amplio, que lidera Marco Arana, ya empezó a movilizarse. En un comunicado la bancada parlamentaria izquierdista se pregunta por qué Yanacocha “ha invertido en diez años de procesos judiciales para lograr la desprotección legal de Alto Perú” si no va a desarrollar un proyecto minero. Sencillo, porque como lo dijimos líneas arriba, la creación de las áreas protegidas limita los espacios de la empresa minera. ¿Es eso justo?

También otras autoridades como el gobernador regional Porfirio Medina se han manifestado en contra de la resolución del TC. Medina sostuvo que es una barbaridad. Un momento, ¿es una barbaridad que el TC cumpla con la ley y las normas? Habrase visto.

Hoy se gesta un nuevo conflicto y el movimiento antiminero se empieza a organizar. En Chota y Celendín dirigentes de los denominados frentes de defensa se reunirán el 15 de octubre para analizar la situación. Esperemos que no llegue a mayores.