La encrucijada de la seguridad ciudadana

Ya es hora de resolver el problema que más afecta y preocupa a los peruanos

Ante el fracaso del gobierno en enfrentar el desborde social de la criminalidad y también frente la indiferencia de los principales líderes políticos del país, empieza a existir un movimiento de abajo hacia arriba que demanda “autoridad” y la participación de los militares en “la solución del problema”. Como ya hemos sostenido reiteradamente en este Portal el desborde del delito tiene que ver con la crisis de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Gobierno Central que desatan una sensación general de impunidad y alientan a los “emprendedores del delito”.  Militarizar la crisis de seguridad ciudadana es ignorar la naturaleza del problema y pretender tapar el sol con un dedo.

Una reciente encuesta de Ipsos sobre la inseguridad ciudadana nos confirma que la desesperación se ha apoderado de los ciudadanos. El 94% de los limeños aprueba que se imponga el estado de emergencia en las zonas de más afectadas por la delincuencia, el 87% apoya que intervengan los militares y el 86% acepta que haya toque de queda. ¿Los políticos no se dan cuenta la enorme responsabilidad que tienen en el crecimiento de este forma de populismo autoritario?

Lo peor de todo es que existen enormes condiciones para desarrollar una estrategia victoriosa contra el delito. Existe un movimiento de abajo hacia arriba que demanda seguridad ciudadana, una estrategia que ya compromete a alcaldes y debería convocar a los gobiernos regionales y las principales instituciones del sistema de justicia. Decenas de miles de ciudadanos de los distritos San Juan de Lurigancho y El Agustino marcharon hasta el Congreso de la República para demandar que el Estado les brinde seguridad a sus familias. Ambas expresiones, en las encuestas y en las calles, corroboran que es un clamor popular que se termine de una vez por todas con la inseguridad.

En medio de esta situación el Gobierno solicita facultades legislativas al Congreso para dictar medidas orientadas a combatir la delincuencia. La intención puede ser buena y también algunas de sus medidas, pero de poco servirán si son respuestas aisladas que no tocan los males estructurales que originan el problema.

Los siete puntos que se propone abordar el gobierno con las facultades así lo corroboran. El primero plantea “fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera”. Y los demás precisan cómo: Mejorando el control del tránsito en las aduanas, puertos y aeropuertos; fortaleciendo la vigilancia privada, potenciando la PNP y ajustando su régimen disciplinario, y mejorando el sistema penitenciario y el marco regulatorio de la delincuencia juvenil.

Entre las propuestas rescatables destaca la iniciativa de condenar a cadena perpetua a quienes utilicen a menores de edad como sicarios. Lo demás, es más de lo mismo que ya ha fracasado antes: reorganización de la PNP, Migraciones, el Inpe, el resguardo aduanero, etc, que al final tampoco resuelven nada.

Pero la solución de fondo -reestructurar la policía, el sistema de justicia y el Inpe- demanda todo un proceso complejo y, ante todo, un acuerdo político que también tomaría tiempo, ¿Y mientras tanto, qué hacer? Creemos que una alternativa inmediata es empoderar al ciudadano y a la autoridad municipal para que, juntos,  fiscalicen la acción de la policía y de la justicia.

La victoria sobre el terrorismo nos demuestra que las mejores soluciones vienen de abajo hacia arriba. Los Comités de Autodefensa campesinos se organizaron solos y luego se aliaron al Estado formando una sinergia que aplastó a Sendero. Esta experiencia podría replicarse contra la delincuencia actual, empoderando a los comités vecinales para que, con el apoyo del alcalde distrital, vigilen que los policías, fiscales y jueces repriman el delito como corresponde en vez de darle impunidad.

La participación ciudadana fiscalizando a sus autoridades funciona en las democracias avanzadas y nadie se enerva ni protesta. ¿Por qué no aplicarla en el Perú ahora que tanto se necesita detener la corrupción que alimenta de impunidad al hampa? ¿Quien sabe más de los peligros que padecen los ciudadanos que estos mismos o sus alcaldes?

El gobierno, la oposición y el Congreso deben reflexionar a fondo sobre la gravedad del problema para entender la urgencia de solucionarlo. Aquí otro dato que puede ayudarlos: en el Ranking de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 117 entre 141 países, en el rubro seguridad. Esto quiere decir que la inseguridad es la razón principal por la que tampoco podemos explotar todo el gran potencial turístico de nuestro país.

Ya es hora de resolver el problema que más preocupa a los peruanos y la tarea es tan compleja que deben asumirla todos los líderes del país, no solo el gobierno.