El colectivismo radical en ofensiva total

Si bien es cierto que en la solicitud de vacancia presidencial existe una enorme legitimidad, es fundamental que las fuerzas comprometidas con la defensa de la democracia y la economía de mercado —que nos han permitido arrinconar la pobreza a solo un 20% de la población— no pierdan de vista que detrás de los nuevos pedidos de vacancia del Frente Amplio y de Nuevo Perú, como se dice, se nos quiere vender gato por liebre.

Detrás de las señaladas iniciativas, en realidad, no existe una injusta indignación ante los pagos de Odebrecht a Westfield, sino una clara estrategia que busca convertir la crisis de gobernabilidad presente en un adelanto de elecciones y en pretexto para que se redacte una Carta Política de claro contenido anticapitalista. La izquierda parlamentaria antisistema sueña con que el desmadre político armado por la coyuntura vacancia/indulto desemboque en “una situación revolucionaria” en la que se organice una nueva correlación política, económica y social a favor de una salida anticapitalista. El estribillo de la nueva Constitución es el eje fundamental de esta estrategia.

Pero no solo se trata de la izquierda parlamentaria antisistema, sino también de la llamada izquierda caviar que, ante el hecho de que los choques Ejecutivo-Legislativo terminaron pulverizando la presencia izquierdista en el Estado, hoy pretende utilizar y mangonear el sistema jurídico internacional que se fue organizando en la región luego de la Guerra Fría —como parte de un nuevo sistema jurídico planetario— para ponerlo al servicio de sus intereses ideológicos, programáticos y contractuales (financiamientos de sus ONG).

La intención de utilizar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para anular el indulto humanitario otorgado al ex presidente Fujimori colocará a los demócratas peruanos y a la mayoría de la ciudadanía ante la disyuntiva de acatar un eventual pronunciamiento —sacrificando las posibilidades de superar el pasado y mirar el futuro— o de abandonar la jurisdicción del mencionado organismo internacional. ¿Se puede cuestionar la facultad discrecional del jefe de Estado en cuanto al indulto establecido en la Carta Política? ¿No estamos asistiendo a la configuración de un “gobierno real” al margen de las instituciones democráticas establecidas por la Constitución y la soberanía popular? En todo caso, avanzamos a ese tipo de disyuntiva que deberá ser resuelta.

Pero la ofensiva del colectivismo radical no solo se limita al parlamentarismo antisistema o a los intentos de mangonear a la CIDH, sino que existe una clara estrategia que busca conectar estas iniciativas a las protestas callejeras que pueden incrementarse ante un Presidente ausente y un Gabinete sin brújula. En otras palabras, la izquierda en todas sus versiones sueña con una vacancia presidencial que desemboque en la convocatoria de una nueva Constituyente, que anule el indulto, y que convierta a las turbas en los principales protagonistas de la política.

Los recientes acuerdos entre los productores de papa y el Estado, para que este último compre la sobreproducción de papa blanca, no solo grafica la debilidad y el fracaso del Gobierno, sino, sobre todo, que la izquierda comienza a cambiar el modelo económico sin necesidad de llegar al poder. Si el Estado puede subsidiar el fracaso de cualquier sector privado, entonces todos los caminos enrumbarán a ese tipo de salidas, y pronto contemplaremos a todos los sectores privados haciendo cola para “una salida” amigable.

Y si a estos hechos le sumamos la manera como los parlamentarios, la Defensoría del Pueblo e incluso algunos ministros se suben al carro que avanza exigiendo una ley previa de fusiones —ante procesos de concentración naturales en cualquier mercado—, demandando determinados controles de precios y, en general, nuevas regulaciones que terminarán desfigurando los principios constitucionales establecidos entre mercados y consumidores, la cosa está clara: la ofensiva colectivista es total.

Si bien la posibilidad de exigir una vacancia presidencial, en las actuales circunstancias es absolutamente legítima, resulta incuestionable que los defensores de la democracia y la economía de mercado no le pueden hacer el juego a la estrategia del colectivismo radical. En todo caso, cualquier circunstancia extrema debe evitar el adelanto electoral, respetando la Carta Política del Perú.