Política

Antimineros otra vez arremeten en el sur

Tras la coartada de los desacuerdos sociales en Chamaca

Antimineros otra vez arremeten en el sur
  • 25 de abril del 2018

 

Entendiendo el malestar de los pobladores, los medios de comunicación de Cusco denuncian la poca capacidad de gestión de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). El diario del Cusco informa que en la municipalidad existe un saldo de S/ 1.87 millones pendiente de gasto, monto destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública. El diario cuestiona que las autoridades de Chamaca, sin antes haber gastado el aporte voluntario realizado por la minera Hudbay el año anterior, pretenden ahora exigir un aporte de S/ 7 millones.

En Chamaca la ineficiencia de las autoridades locales le hace el juego al extremismo antiminero, que busca paralizar el 60% de la producción de cobre del Perú emplazado el Corredor Minero del sur. El movimiento antiminero, robustecido con el asesoramiento de las ONG del ambientalismo ideológico, se ha vuelto experto creando conflictos. Ha copado los gremios sociales para, desde allí, intentar detener las actividades mineras con el cuento de la contaminación del medio ambiente y los desacuerdos sociales. El objetivo en Chamaca, entonces, es crear un conflicto y agudizarlo, para que luego sirva de pretexto para la protesta y la violencia.

Y así sucede. En la reciente asamblea mensual realizada en la comunidad de Sihuincha (Chamaca), los dirigentes Vicente Peralta, Mauro Timoteo Castañeda y Antonio Huamán propusieron a la comunidad la realización de un paro indefinido para la segunda semana de mayo próximo. En la actualidad, en la mesa de diálogo de Chamaca, se viene conversando el aporte voluntario que la empresa Hudbay ofrece de manera voluntaria a la localidad. Lamentablemente, las discusiones están siendo obstaculizadas por Mauro Timoteo, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (Fudicha), quien en principio exigió a la minera un aporte voluntario S/ 12 millones. Ahora ha cambiado de parecer: pide S/ 7 millones, sin sustento alguno.

El aporte voluntario entregado por Hudbay a las autoridades debe ser aprovechado para desarrollar programas vinculados con la educación, salud, agricultura, ganadería y temas medioambientales. Programas que deberían ser respaldados mediante convenios coordinados con las municipalidades, direcciones regionales, instituciones estatales y ministerios correspondientes.

Vale decir que el histórico de aportaciones, desde que Hudbay Perú inició sus operaciones en la mina Constancia, es de S/ 3.5 millones, en 2013, S/ 3 millones en 2015 y S/ 3.5 en 2016. ¿Cómo es, entonces, que de buenas a primeras, al presidente de la Fudicha se le ocurre exigir un aporte voluntario de S/ 12 millones y luego de S/ 7 millones? La respuesta es simple: el objetivo es crear conflicto para victimizarse. Solo así puede existir una coartada para la protesta violenta, la paralización de las actividades mineras y el caos total.

No es la primera vez que un acto de violencia ha sido disfrazado de reclamo popular. En este caso, el motivo fabricado es una supuesta mesa de diálogo no atendida por la minera, cuando es todo lo contrario. Existen innumerables aportes que la minera ha hecho a la colectividad para salud y educación, y sobre todo en cuanto a la reducción notable de la pobreza y la existente oferta laboral de manera formal, directa o indirecta.

Las autoridades correspondientes deben tomar atención en que el actual conflicto que se gesta en Chamaca puede tener consecuencias graves por tratarse de un año electoral. Se sabe que varios dirigentes tienen aspiraciones políticas y usan las dirigencias para acumular simpatía y luego votos. Por eso, existe el temor a una escalada violenta organizada por el activismo extremista que se ha concentrado en la zona. No son del lugar, pero utilizan métodos maoístas de intimidación y extorsión para evitar la contradicción de los pobladores. No está demás hacer las prevenciones del caso.

No se puede repetir lo sucedido en noviembre de 2016, cuando un contingente extremista bloqueó las carreteras de ingreso y asaltó el campamento de la minera Anabi, ubicado en Quiñota. En esa ocasión los antimineros incendiaron todo lo que encontraron a su paso. Además, como represalia, secuestraron a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Ese actuar violento es de los antimineros militantes y no de los pobladores que viven de su trabajo. Están, entonces, las autoridades avisadas.

 

  • 25 de abril del 2018

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