¿Y si Alberto Fujimori vuelve a prisión?

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene listo el fallo sobre la revocatoria del indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori. Las organizaciones que hicieron el pedido a la Corte argumentan que no se cumplieron los requisitos legales para ese indulto, y la falta de transparencia de la junta evaluadora. Tras la noticia, el presidente Martín Vizcarra —con 37% de popularidad según Ipsos, y con tendencia a seguir cayendo— declaró que respetará la decisión de la Corte.

Conociendo la orientación política de los que manejan el tribunal interamericano, es posible que la suerte de Fujimori esté echada. Volver a las instalaciones de la DINOES es lo más probable. No sabemos si habrá calles bulliciosas que defiendan al ex presidente, oponiéndose a la decisión de la Corte y a la sumisión de Vizcarra. “Vamos a respetar la Constitución y las leyes (…) no puede ser una excepción lo que determine la Corte”, ha dicho el mandatario para contentar a la izquierda opositora.

El Artículo 118º de la Constitución Política del Perú es fácil de entender: corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, debería ser el primero en sostener el espíritu puro del mandato. Pero como en Perú somos campeones de la leguleyada, los tinterillos lo complican y lo distorsionan todo con sus afanes reglamentaristas. El indulto ha dejado de ser la voluntad del presidente, nos guste o no. Ahora es la voluntad de los miembros de las comisiones que se forman para evaluar los casos, y se han inventado el “indulto humanitario” y el “perdón médico”. La esencia de la Constitución termina en la basura. El perdón ha sido relativizado y pervertido. Mire usted cómo, días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejerce la misma atribución en su país: https://cnnespanol.cnn.com/video/kim-kardashian-indulto-trump-alice-marie-johnson-condenada-cadena-perpetua-vo-dusa/.

El pleito entre el keikismo y el albertismo —representado por Kenji Fujimori— debilita la defensa política organizada y cohesionada contra el fallo probable que iría contra los deseos de la mayoría de los peruanos.

Desde antes de julio de 2016, Fuerza Popular abandonó la experiencia política ganada en los noventa. Sus dirigentes se esfuerzan por aniquilarse a sí mismos. Sucesivos ritos suicidas enervan no solo a sus contrincantes naturales, sino también a quienes creyeron que esa nueva mayoría —de provincianos— sería innovadora, reformista y vanguardista. Gente fresca, químicamente pura, alejada de las mañas de la política “tradicional”, dispuesta a realizar las reformas políticas (reforma del Estado) y económicas (eliminación de la tramitología y fomento de la inversión para reducir la pobreza) que el país pide a gritos. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Nuevos “come oro” y “come pollo” aparecieron, y en una peor versión.

Las encuestas recogen el humor de la población: Martín Vizcarra ya está “tasado” por la gente. Ya conoce su dimensión política, así como la de su premier, César Villanueva (quien organizó la vacancia de PPK, según se dice, por encargo). El Congreso seguirá siendo acusado de frivolón por la compra de frigobares, flores y televisores; acusaciones alentadas por cierta prensa que teme, que por ley se le quite la “mermelada” de la publicidad estatal, que sirve para el soboneo.

¿Quién se encargará, entonces, de la defensa política del chino? ¿Yesenia Ponce, Luis Galarreta, Héctor Becerril, Daniel Salaverry o Keiko Fujimori? Quienes utilizaron la foto de Fujimori para elegirse como congresistas sufren una suerte de coacción, según dicen los Avengers de Kenji. Infelices.

Sin la Carta Política de 1993, que consagra el libre mercado y la democracia, hace rato el Perú sería un Estado fallido por la ineptitud de sus gobernantes. En medio de las dificultades provocadas por la hiperinflación y el terrorismo heredados de los ochenta, a Fujimori no le tembló la mano para deshacer el Estado organizado en función de los subsidios, prebendas, mercantilismo, empresas estatales y ministerios que, con su burocracia, se comían todo el presupuesto nacional. Las reformas económicas de Fujimori han permitido, por ejemplo, el milagro exportador de diversos productos agroindustriales. Asimismo, se introdujo una legislación medioambiental rigurosa contra la contaminación y acorde con los parámetros internacionales. Como nunca antes, la reducción de la pobreza es un hecho.

Si Fujimori vuelve a prisión una terrible herida se abrirá en el país. Los climas de innovación y oportunidades para todos, sin excepción, seguirán. Sin embargo, con el autor de ese empuje histórico —con sus errores, delitos y logros puestos en la balanza de los resultados— se cometerá una brutal injusticia que solamente aprobarán los canallas.