¿Quién será el más indicado de cara al bicentenario?

Para realizar las imprescindible reformas de “segundo piso”

En los últimos 26 años el Perú ha avanzado significativamente en términos sociales y económicos; no obstante, hay sectores en los que no se ha emprendido la segunda ola de reformas. Cualquiera de los candidatos que resulte elegido presidente el 5 de junio, Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, tiene el compromiso de asumir esas reformas y llevarlas a cabo.

Una de ellas es la relacionada con la seguridad ciudadana, un problema acrecentado por la inexistencia de una visión sistémica que integre tanto la prevención como las acciones disuasivas de los actos delictivos, así como la represión y sanción de estos actos. El país requiere un cuerpo policial de élite, bien remunerado y que limpie su “casa por dentro” para así lograr el apoyo decidido de la ciudadanía en la represión del delito.

Algo similar es necesario hacer en la Fiscalía, así como en el Poder Judicial, cuyos índices de aprobación deben incrementarse en la medida de que actúen de acuerdo a ley, y no empleando el resquicio legal que los aproxima a la frontera delictiva. Es obvio que hay personas bien intencionadas al interior de cada una de estas organizaciones, pero es deber del primer mandatario empoderarlas. Lo que está ocurriendo en Brasil es un ejemplo de la consolidación de la autonomía de los poderes jurisdiccionales, la justicia con carácter permanente, por encima del efímero poder político.

¿Por qué es positivo emprender la reforma integral de la justicia? Porque garantiza el mejor funcionamiento de la economía. La justicia civil se hará previsible, en adelante, y menos personas pretenderán alcanzar un beneficio en función a su vinculación con la judicatura. Algo similar ocurrirá con la justicia penal: en la medida de que haya sanción efectiva y no impunidad, también se disuadirán estos tipos de acciones delictivas.

Otras reformas de “segundo piso” son la de educación y la de salud; ambas de gran impacto en la ciudadanía, especialmente en los sectores menos favorecidos, que son los que recurren a ellas. Es necesario fomentar en la opinión pública una profunda reflexión sobre la importancia de la calidad de los servicios, más allá de quién esté a cargo de proveerlos, sea el sector público o el privado. Si en general, la calidad de estos servicios no ha sido satisfactoria, ¿por qué el Estado no podría concesionarlos por medio de una licitación? Que los privados compitan por el presupuesto asignado por el Estado y que este último supervise la calidad de los servicios. Así tendremos personajes responsables e identificables en cada colegio o centro de salud, y no a un amorfo responsable denominado Estado.

Otro rubro aún incompleto es el de la infraestructura pública. Todos requerimos de ella y es necesario tomar una decisión sobre la conveniencia y oportunidad de contraer deuda pública para financiarla y construirla lo antes posible. Una carretera de calidad disminuye el riesgo de accidentes, por tanto de pérdida de vidas humanas y de capital de trabajo; también genera sinergias positivas en la economía de las ciudades o poblados que se encuentran a lo largo de su trazo. Disminuir las horas/hombre que las personas dedican para movilizarse de un lugar a otro es recuperar tiempo de sus vidas para lo que consideren conveniente; asimismo, la reducción del costo del flete hace que los productos locales sean más competitivos en los mercados de consumo. Por consiguiente, la posibilidad de generar mayores empleos locales se incrementa.

El periodo gubernamental 2016-2021 tiene un significado especial, en la medida de que concluirá con las celebraciones del bicentenario de la independencia. Ojalá para entonces hayamos tomado decisiones asertivas de cara al futuro, generando bienestar y desarrollo para que la pobreza no siga siendo parte de nuestra realidad social.

Guillermo Vidalón del Pino