Jorge Morelli

Jorge Morelli

Parálisis de la inmovilidad

Parálisis de la inmovilidad
Jorge Morelli
03 de junio del 2015

El desafío que le espera al próximo gobierno en materia de conflictos sociales.

Ollanta era antisistema, y albergaba secretamente la intención de subvertirlo, como Velasco. Mintió para llegar, con el propósito de sorprender. El sorprendido fue él. Cinco años después, sigue sin creer en el sistema y no ha podido subvertirlo. El resultado es lo que vemos: la parálisis de la inmovilidad, como dice el vals.

El conflicto entre las comunidades -andinas y amazónicas- y las empresas -mineras y energéticas- lo derrotó. Lo mismo les ocurrió a Toledo y a García (quien actuó con precipitación en los decretos del perro del hortelano y desató lo que quería eludir).

¿Qué lección se deduce de estos desencuentros?

Mirko Lauer ha escrito que “los problemas que enfrentará el próximo gobierno serán los mismos que hoy enfrenta el actual. Lo que los ganadores del 2016 van a recibir no será un nuevo escenario, sino solo una nueva oportunidad de actuar en él”. Para quien llegue, con o sin mayoría parlamentaria, el error será tratar de convivir con el problema en lugar de abordarlo y resolverlo.

Es falso el dilema entre la comunidad y la empresa, puramente mental, ideológico. No está en la realidad. Para verlo con claridad, sin embargo, hay que prestar atención a los casos exitosos más aún que a los fracasos.

Todos los casos exitosos se han basado en el libre contrato entre la comunidad y la empresa, en el que el Estado debe intervenir solo proporcionando el marco de política pública que haga posible el libre contrato. Ese marco incluye, primero, titular la propiedad; segundo, una participación para la comunidad en la renta del recurso (el canon ha sido una estafa monumental); y, lo más importante, poner en valor la tierra, actuar sobre la economía real: sobre la colaboración de la comunidad y la empresa en obras de agua, por ejemplo (mediante el esquema de obras por impuestos).

No es esto lo que está pasando. A años luz de la realidad, el gobierno envía al Congreso el pedido de facultades delegadas para legislar en materia económica. Es un listado de lavandería que incluye el mar y todos sus pescados. Veinticinco iniciativas sin ninguna organicidad entre sí, que apuntan al mediano plazo (como si este gobierno estuviera en condiciones de decirle al próximo lo que debe hacer).

Una parece poder albergar la esperanza de tener impacto en el corto plazo. Es la relativa a sistematizar las normas para obras por impuestos. El esquema permite a las empresas ejecutar obras (que deduce después del impuesto a la renta) por convenio con gobiernos regionales y locales. Permitió a las empresas mineras ejecutar el 100% de los 2,500 millones de soles del “aporte voluntario” de la minería entre 2006 y 2011.

Desde luego, no es una solución permanente, ya que las empresas tienen objetivos propios y no tendrían por qué  involucrarse en ejecutar obras con las comunidades. Pero, en vista de que el Estado fracasa incluso en esto, es una solución provisional. Funciona. Es más, por ahora es lo único que funciona para la rápida ejecución de pequeña obra pública.

Pero la norma debe hacer posible ahora convenios, por ejemplo, entre empresas y comunidades andinas para obras de “siembra y cosecha de agua”, como le llaman los campesinos a retener del agua de las lluvias en las altura, que permitiría trabajar dos millones de hectáreas de puna para poner 10 mil millones de metros cúbicos de agua dentro de los Andes. Un lago Titicaca entero.

Pero esto requiere, ante todo, dejar de lado la ridícula idea de que los productores peruanos viven pendientes de los incentivos tributarios que Economía se saca de la manga y, luego, despejar las brumas mentales que esconden los casos exitosos de libre contrato comunal-privado tras el humo de los casos fracasados.

Por Jorge Morelli (@jorgemorelli1)

03 – Jun – 2015

Jorge Morelli
03 de junio del 2015

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