No al familicidio

 

A poco de haberse celebrado el Día Nacional de la Familia, que tuvo lugar el domingo 9 de septiembre, el Gobierno le ha asestado un duro golpe a la célula básica, fundamental y natural de nuestra sociedad. ¿En qué consiste aquel golpe? En primer lugar, se ha dejado sin efecto la Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la Familia, que contemplaba el sentido natural de esta y del matrimonio; en su lugar se ha promulgado el Decreto Ley N° 1408, en el cual se introducen conceptos como el de “familias democráticas”. Desde ya, en este punto, debemos dejar bien en claro que lo de familias democráticas no es más que un eufemismo, un título meramente decorativo, una etiqueta ideológica que no representa ninguna categoría de carácter científico social.

El concepto de familia como institución natural —constituida por padre, madre e hijos— resulta relativizado; pese a que dicho concepto se refiere a una institución natural que, no por casualidad, ha permanecido a lo largo del tiempo, adaptándose a todos los cambios y transformaciones que se han dado en el devenir histórico. Mediante el DL 1408 el Gobierno transgrede lo que establece nuestra Constitución, que en su artículo cuarto reconoce a la familia natural como célula básica de la sociedad. Pero aquella transgresión va más lejos del ámbito de nuestra Constitución, ya que el reconocimiento de la familia natural, como tal, está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, a los que nuestro Estado les debe respeto. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23, reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia, si tienen edad para ello.

Pero el reemplazo de una norma por otra, en relación a la familia, no es nada gratuito. Recurrir a argumentos tales como la igualdad de género para justificar la dación del DL 1408 resulta tan demagógico como lo fue en su momento el recurso de la justicia social, al que apelaron los promotores de dictaduras como la de los Castro en Cuba, Chávez en Venezuela y los sandinistas en Nicaragua, los cuales jamás respetaron a la familia natural.

Una pequeña referencia: Ya que menciono al sufrido pueblo de Nicaragua, considero muy útil tomar en cuenta un artículo titulado “Abolir a la familia”, escrito por Elida Z. Solórzano. El enlace para leer el mencionado artículo es:

http://www.corazones.org/familia/familia_abolir.htm

Y traigo a colación aquel artículo, porque en sus líneas encontramos modos de proceder que debemos tener muy en cuenta, ya que el Perú no vive aislado del contexto global. En nuestro caso, si se ha dejado de lado la Ley de Fortalecimiento de la Familia ha sido porque resultaba un escollo legal para la implementación de una serie de políticas públicas, cuyo objetivo no es otro que el de crear las condiciones para la destrucción de la sociedad peruana. Y también la posterior entrega de esta sociedad al poder de una minoría, que persigue la implantación de un proyecto de dominación global de clase, conocido como “nuevo orden mundial”.

En el campo político:

Al hablar del DL 1408, que además de ser anticonstitucional refleja una actitud servil y eminentemente entreguista de parte de nuestros “gobernantes”, viene a mi mente la Ley N° 30506, porque fue mediante esa ley que el Congreso le otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. En su artículo 1, inciso a.7, se explica que una de las razones por las cuales se justifica la dación de las facultades legislativas extraordinarias solicitadas es por la necesidad de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos. En buena cuenta, el DL 1408 facilitaría las cosas para así cumplir en forma obediente con la OCDE.

Unas cuantas preguntas: ¿de qué tipo de compromisos estamos hablando? ¿cuáles son aquellas obligaciones que nuestra nación ha contraído con la OCDE y con los demás organismos internacionales?, y ¿a costa de qué tendría que cumplir el Perú con semejantes compromisos? ¿Será que “hay que matar social y culturalmente a la familia peruana”, para que esta no realice ningún tipo de acción frente a los planes de entregar nuestra soberanía nacional?

Sin duda, este es el tipo de interrogantes que nuestras autoridades deben responder. En vez de estar promoviendo de un modo irresponsable cuestiones de confianza o referéndums que no van a servir para solucionar los reales problemas que aquejan a los más vulnerables, entre los que lógicamente no están los “políticamente correctos”.

¿Quién les ha dado a nuestros “gobernantes” la facultad de relativizar el concepto de la familia como institución natural y fundamental de la sociedad? ¿De cuándo acá nuestro Estado le da las espaldas a los padres, permitiendo que con sus hijos sí se metan? ¿Es ese uno de los compromisos adquiridos con la OCDE? El Perú tiene todo el derecho de plantear tales interrogantes, y las autoridades están obligadas a responder.