Minería y generación de bienestar

La actividad minera formal en el Perú es aquella que cumple los más altos estándares ambientales y sociales. Su impacto es positivo en las regiones donde opera. Los ejemplos de Apurímac, Moquegua, Tacna, entre otras, resultan relevantes. Donde hay minería, la economía local, regional y nacional se dinamizan porque los volúmenes de inversión requeridos para el desarrollo de los proyectos son tan significativos que repercuten favorablemente en varios otros sectores.

La minería es la principal generadora de divisas y recursos económicos descentralizados a través del canon y las regalías mineras, además de una gran demandante de energía, fierro, cemento y manufactura nacional entre otros. Por supuesto, en este proceso se genera mucho empleo, directo e indirecto. Por ese motivo, resulta poco razonable que un sector minoritario de la población pretenda imponer su punto de vista, sea favorable o desfavorable a la presencia de la actividad minera en cualquiera de sus etapas: exploración, construcción o explotación.

Recordemos que constitucionalmente los recursos del subsuelo son del Estado y, por consiguiente, las autoridades elegidas mayoritariamente son las responsables de decidir la pertinencia o no de la explotación de un yacimiento. Además, cuentan con recursos humanos calificados como para realizar un estudio de costo/beneficio y determinar si un proyecto debe llevarse a cabo o no.

El gran dilema de los inversionistas suele ser, ¿qué pasará si un cinco por ciento de la población muy activa e ideologizada decide realizar actos reñidos con lo dispuesto en la ley? Pueden ser las tomas de carreteras o la extorsión que conmina a los vecinos a salir a marchar bajo amenaza de agresión, destrucción o robo de sus escasos bienes materiales, pero muy significativos para las víctimas. ¿La Fiscalía, con el respaldo de la fuerza pública, los va a disuadir, contener, enfrentar y atestar para que el Poder Judicial finalmente determine la sanción que les corresponda?

Las autoridades están para: a) respetar y hacer respetar la ley, b) tomar decisiones que generen las condiciones para una mejor calidad de vida para todos y c) informar adecuadamente. Desde hace varios años, la inversión minera pretende desarrollar el proyecto Tía María en una zona desértica de la región Arequipa, sin afectar el valle de Tambo. En este proyecto el sistema de obtención del cobre a emplearse será el de lixiviación, se utilizará agua de mar desalinizada, no se generarán humos ni relaves y menos lluvias ácidas, tal como se especifica en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental ya aprobado. No obstante, hay quienes persisten en desinformar, mentir y engañar. Frente a ellos se requiere un esfuerzo de las autoridades, la sociedad civil y grupos de interés —respaldados por personal calificado—, y que salgan a desmentir infundios y a explicar la verdad a la población.

El proyecto Tía María se encuentra en el distrito de Cocachacra (Islay), que a la fecha recibe anualmente aproximadamente S/ 2 millones por canon y regalías. El aporte del proyecto para la municipalidad local lo elevaría a aproximadamente S/ 30 millones y otros S/ 70 millones para el resto de la provincia de Islay. El proyecto tiene reservas para operar por veinte años, lo que daría una fuente de financiamiento importante para el desarrollo del valle de Tambo, Islay y Arequipa.

Sería conveniente que los agoreros de malaventuras salgan a explicar ¿cómo piensan financiar el desarrollo de infraestructura y las capacidades locales si privan a los gobiernos locales, regional y nacional de una fuente de financiamiento pronta, oportuna y de largo plazo?

Guillermo Vidalón del Pino