Los peligros de cargar a un zombie

Cuando Pedro Pablo Kuczynski y sus colaboradores ganaron la elección presidencial, hace poco más de un año, los peruanos registramos una suerte de alivio y hasta de esperanza. Y no existían pocas razones para ello. En primer lugar, nos deshacíamos de una gestión inepta —destruyeron el buen momento económico peruano— y corrupta (no es una casualidad que la pareja presidencial esté presa).

En segundo lugar, y con un peso similar, la brega electoral y las improvisaciones habían dejado en camino a otras opciones electorales con ofertas económicas muy, pero muy poco lúcidas —si no peligrosas— como las asociadas a las candidaturas de Mendoza, Barrenechea, Acuña o Guzmán. Desenfadadamente, el elector había entregado el poder particionado a dos opciones relativamente parecidas (por lo tibias). Haciendo gala de lucidez, los electores recortaron el poder del Ejecutivo (entregado a Peruanos por el Kambio), mientras que a Fuerza Popular, le dieron la mayoría en el Legislativo, a modo de cruz y Caballo de Troya.

Un tercer elemento era la añeja trayectoria tecnocrática del recién elegido y su equipo. Se esperaba que, ejerciendo un liderazgo definido, impulsarían reformas de mercado y un quiebre sobre el mercantilismo-socialista de los Humala.

A modo de una desviación puntual del objeto de estas líneas deseo, sin embargo, enfatizar que Humala, ese candidato de tinte izquierdista y sombras genocidas (esa mezcla que les fascina a los izquierdistas sudamericanos), fue elegido con el voto y los equipos de la acomodaticia izquierda peruana. Aunque, si bien abandonó la retórica agresiva de la primera ronda electoral, en los hechos configuró un Gobierno de izquierda exitoso. Exitoso bajo los depresivos estándares izquierdistas sudamericanos. Como el aludido declaró alguna vez, a él (y a los intereses de la izquierda) no le servía el crecimiento económico. Sus intereses solo implicaban inflar el tamaño o botín estatal —como usted, estimado lector, lo prefiera etiquetar— y derrumbar drásticamente la inversión privada. Lo de congelar la reducción de la pobreza y el renacimiento de la clase media, era —y es— para la izquierda solo un daño colateral que los beneficia electoralmente (al incrementar la frustración social).

Pero volviendo al tema, a los pocos meses de asumir el Ejecutivo comenzó a quedar claro que los iniciales alivio y esperanza podían ser pasajeros. La nueva administración evidenció su marcado parecido ideológico con la anterior. A pesar de los rostros tecnocráticos de sus gabinetes y del etiquetado popular de “Gobierno de los economistas”, la realidad mostró apresuradamente que se trataba de una gestión que aspiraba a flotar y a achacar grácilmente sus incapacidades al hecho de que el elector no les había dado el control del Congreso. Entendámoslo: para cualquier pepekausa que se precie de serlo toda barbaridad o retroceso asociada a esta gestión sería culpa de la mayoría congresal. Los peruanos ya comprendimos que el Gobierno de (ciertos) economistas era en realidad uno sin economía y sin liderazgo, que aspiraba a flotar. Gestionado como un calco del anterior.

Pero hoy el reto es otro. Las acusaciones y evidencia de corrupción burocrática lo cambian todo: amenazan la propia supervivencia del régimen y apuntan meridianamente al presidente en ejercicio. Por más que busque ponerse a buen recaudo y lo niegue todo (sin contundencia), hoy los peruanos cargamos un bulto pesado. Un presidente golpeado y a modo de zombie. Así las cosas, arrastrar indefinidamente un régimen jaqueado por continuas acusaciones de corrupción —que no se terminan de aclarar— tiene un alto costo económico. No implica solamente las decisiones de inversión postergadas por el creciente riesgo político. Ni siquiera que, en un accidente, podría llegar al poder a algún personaje pintoresco y depresor de la inversión y los negocios.

Lo crucial implica reconocer que el costo y riesgo mayores se asocian a mantener un Gobierno atemorizado, desconcertado o —lo que resulta mucho peor— desesperado. Un PPK zombie capaz de hacer cualquier cosa para alborotar el gallinero, establecer coaliciones y embellecer eventuales escándalos de corrupción que pudieran arrebatarle el mandato.

Nótese, per se, que esto puede implicar mayores retrocesos, toma de jubilaciones, introducción de barreras comercial y todo tipo de opciones populistas. Aquí nuevamente la responsabilidad vuelve a caer pesadamente en las otras instituciones (léase: en el Congreso). Y este detalle, estimados lectores, no resulta precisamente un factor de alivio. Solo nos queda ejercer la ciudadanía y no permanecer calladitos frente a lo que estaría por venir.