Larcomar aviva los fuegos de la burocracia

La seguridad no es tarea de la autoridad

El incendio en el centro comercial Larcomar se produce justo cuando el gobierno emite un paquete simplificador que podría impulsar otros paquetes para reducir el exceso de trámites, regulaciones e inspecciones que entorpecen los emprendimientos. El lamentable suceso pone en duda los protocolos de seguridad que deben asumir quienes administran locales públicos y privados. Por eso puede ser usado, lamentablemente, para plantear otra vez más controles y más atribuciones de la autoridad, nuevas normas e, incluso, para crear unidades de Defensa Civil en cada centro comercial.

El incendio fortalece la posición de una burocracia empeñada en lucir sus excesos, dejando sin piso a quienes todavía creen que las responsabilidades deben ser asumidas libremente y sin la necesidad de ningún tipo de coacción y vigilancia. Los compromisos no pueden seguir sujetos al ojo fiscalizador de los funcionarios públicos, sino que deben respaldarse en la conciencia ciudadana, respetuosa con su comunidad y cuidadosa con los efectos que sus comportamientos y sus negocios pueden ocasionar.

La autoridad no puede ser el eterno comisario estacionado en cada esquina, atento a toda infracción, mirando que no se infrinja ninguna norma ni que se cometan errores. No se puede continuar bajo esos tutelajes. La seguridad no es tarea de la autoridad, ejerciendo presión con la ley en mano, sino de quien vela por los edificios y lugares de concurrencia pública. Pero no, los recientes incendios nos demuestran que no se aprenden las lecciones, que la irresponsabilidad y la desconfianza continúan. Se creía que las normas de seguridad en Larcomar eran las más extremas, propias del lugar más “ficho” del país; y no es así, el relajo en seguridad es igual a Mesa Redonda, Cantagallo y El Agustino.

No hay cuándo voltear páginas. Ya se habla nuevamente de inspecciones rigurosas y constantes, de revisar las normas para hacerlas más exigentes, más extremas. Y no se trata solo de normas ni de inspecciones; se trata de desgano, de poco empeño por hacer bien las cosas, de cumplir escrupulosamente los compromisos. No se trata de endurecer los requisitos de seguridad, sino de advertir y de machacar hasta el hartazgo sobre los peligros latentes hasta que queden en el alma de las personas; como las compañías mineras en sus operaciones, aleccionando constantemente sobre los accidentes.

Por naturaleza, las almas libres ejercen su responsabilidad sin necesidad de que se les repita a cada rato sus deberes. Aquí, el valor de cumplir las obligaciones se debe fomentar como si estuviéramos en el año uno del Bicentenario. Los empresarios deben ser ejemplo, no pueden esperar que un burócrata les revise sus actividades económicas como si fueran nenes con los pañales embarrados. Y esos mismos empresarios se quejan de la tramitología que les impide desenvolverse libremente.

La “tolerancia cero” anunciada por Alan García fue acompañada con la creación de la SUTRAN para reducir los accidentes de tránsito. ¿Algo ha cambiado? No. Todo lo contrario. Con o sin SUTRAN haciendo nada todos los días, las pistas se tiñen de sangre. ¿Los funcionarios detienen la irresponsabilidad de los conductores? No. No lo han hecho ¿Por qué seguir creyendo que lo harán?

No son las normas, son las personas y sus atajos, vivezas, ociosidades, desdenes y ganas de ganarse alguito extra.

La autoridad no debe “aflojar” ni abandonar su función fiscalizadora, ni reducir un ápice todo lo concerniente a seguridad. Sin embargo, radicalizar su intervención demostraría que no se madura lo suficiente como, por ejemplo, para ser parte de la OCDE. ¿Seríamos los díscolos adolescentes a los que también habría que vigilarlos en ese organismo?  

Manuel Gago