Carlos Adrianzén

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¿Cómo acabar con la corrupción en el Perú?

Nos ha costado la mitad del PBI de los últimos 20 años

¿Cómo acabar con la corrupción en el Perú?
Carlos Adrianzén
12 de diciembre del 2017

 

Para acabar con la corrupción ayuda mucho entenderla. Cuando hablemos de ella, tengamos en claro que nos estamos refiriendo a la corrupción burocrática. Punto. Lo otro, los delitos privados asociados, son solo eso: delitos. Y para ellos está la ley implacable; tanto como para hacerla cumplir están específicamente los burócratas. Cuando la corrupción es generalizada en una nación —el cual es nuestro caso— existen dos planos a aproximar frontalmente: las leyes y los burócratas.

El marco legal configura un plano crítico. Especialmente cuando este intenta regular (léase intervenir en) todos los ámbitos de una economía. Que existan instrumentos legales interpretables, oscuros, difusos, discrecionales o contradictorios lo amplifica todo. Per se, esta maraña legal introduce incentivos para que algún burócrata medre con su uso o interpretación.

En estos días se escribe extensamente sobre la corrupción burocrática en naciones subdesarrolladas, o incluso en desarrolladas y capitalistas; pero donde la corrupción alcanza sus cumbres es en los regímenes socialistas totalitarios. Allí no solo es la costumbre, sino que nadie se queja, tal como sucedía en la Unión Soviética o sucede actualmente en las dictaduras cubana y venezolana. La explicación económica para esta regularidad nos refiere a la imposibilidad del cálculo socialista, uno de los pilares de la escuela austriaca, receptora de más de cinco premios Nobel de economía e los últimos años. Según este teorema es imposible planificar razonablemente. La intervención estatal frondosa solo produciría consistentemente ineficiencia, corrupción y pobreza.

Pero ¿Y la burocracia? Bueno, los servidores públicos —desde los profesores, médicos, policías, fiscales o jueces hasta el presidente de la República o los congresistas, pasando por las secretarias y los choferes— son ciudadanos a los que les pagamos para que no exista un ápice de corrupción. Cuando existe corrupción rampante ellos son los primeros y centrales responsables, puntualmente por falta de honestidad, de capacidad o de celo. La rampante corrupción burocrática es una muestra concreta de fracaso del Estado.

Claro está, un marco legal interpretable, oscuro, difuso, discrecional o contradictorio oferta impunidad para cualquier gobernante. Escoja usted al burócrata o ex burócrata sobre el que usted desconfíe más y pronto descubrirá que la ley (o la incapacidad de los encargados) lo ampara. Pero nótese que el corrupto grande es el mal menor. El mayor daño de la corrupción burocrática está asociado a la prostitución institucional o microcorrupción. No resulta casual que un estimado semilogarítmico de elasticidad de la corrupción respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno nos permita inferir que esta nos costó mucha pobreza. Específicamente: la mitad  del PBI actual en los últimos veinte años.

Entonces ¿cómo acabarla? Funciona quebrar sus fundamentos. En primer lugar, depuremos interpretaciones, oscuridades, discrecionalidades o contradicciones en todo el marco legal. Optando por un aparato administrativo enfocado que delegue a los ciudadanos —en el mercado— el grueso del desenvolvimiento económico del país. Con reglas predecibles, metas claras y una estricta asignación de presupuestos por resultados. Idealmente, introduciendo prácticas de gobierno digital y de robótica en el grueso de los servicios públicos.

En segundo lugar está el plano más duro. La burocracia no es una agencia de empleos que le otorga uno a cualquiera. Usa los impuestos para remunerar dignamente solo a personas capaces y honestas. Al resto, a los corruptores —corrompidos, ciegos y sordos— se les debe despedir de inmediato, aplicando una ejemplarizadora indemnización judicial. Si defraudan no se la pueden llevar gratis… aunque sean la mayoría. Para alcanzar esto, además de los despidos masivos de incapaces y deshonestos, en necesario captar nuevos servidores en todos los ámbitos del Gobierno.

Pero detengámonos un poco estimado lector. Esto no lo va a hacer ningún gobernante peruano a las buenas. Desde los años setenta, todo está fuertemente tejido para que esto no suceda. Sin embargo esta es la salida y se va a dar —como muchos otros avances recientes- a pesar de las preferencias de la mayoría de nosotros. Seamos optimistas.

¿Y el escándalo Lava Jato? ¿Será acaso un antes y un después? No seamos ilusos. La corrupción burocrática es como un iceberg, hay varios cientos de miles involucrados. Ninguno es mejor o menos malo, ni privado ni estatal, ni grande ni pequeño. Podemos limpiar la superficie, castigando a ciertos burócratas y empresarios de alto nivel, pero a los próximos elegidos los van a contaminar tanto los incentivos prevalecientes (el marco legal socialista-mercantilista vigente) como los innumerables empleados públicos corruptos que quedarán.

Esto sin dejar de considerar que al grueso de los electores peruanos les importa poco la capacidad u honestidad de su candidato…. mientras le haga una obrita.

 

Carlos Adrianzén
12 de diciembre del 2017

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