Violencia antisistema ocasiona muerte

Lamentablemente se encontró el cuerpo sin vida del ingeniero Richard Díaz Pérez, trabajador de la empresa Corporación Petrolera (Corpesa), que fue secuestrado por un grupo de pobladores de la Comunidad indígena Chapis, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, región Loreto. La víctima junto con tres funcionarios de relaciones comunitarias de Petroperú y 18 trabajadores de las empresas Servicorrosión y Corpesa fueron tomados como rehenes y obligados por los indígenas de la localidad a detener los trabajos de reparación y remediación (mantenimiento y limpieza) de los daños ocasionados por un derrame de crudo ocurrido en el kilómetro N°224 del Oleoducto Ramal Norte (ORN).

Tal como informó la Red de Comunicación Regional (RCR), los rehenes fueron sacados del lugar del derrame de petróleo amenazados con lanzas y machetes, armas que los indígenas portan cuando existe este tipo de conflictos. En el trayecto, cuando los funcionarios y trabajadores eran llevados por la fuerza hacía la comunidad, cinco de los 19 trabajadores lograron escapar, dirigiéndose hacia el río. Es allí donde abordan una pequeña canoa para proteger sus vidas. Una canoa que, lamentablemente, no soportó el peso de los ocupantes y se volcó. Cuatro de los cinco ocupantes lograron llegar a la orilla del río y, desde entonces, Richard Díaz Pérez fue declarado como desaparecido.

RCR reporta el uso irracional de la violencia por parte del grupo de comuneros que tomó como rehenes a los funcionarios y trabajadores quienes, luego de ser liberados, tuvieron que acudir al médico legista por los daños en sus manos que muestran evidencias de haber sufrido aplastamientos, para individualizar las denuncias legales correspondientes. No es la primera vez que sucede un acto violento de semejante magnitud, y no es tampoco la primera vez que Ismael Pérez, técnico en enfermería de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) está inmiscuido junto al profesor Nelson Cuji y el dirigente de la comunidad, Eliseo Ramírez. Ya es hora de que el rigor de la ley establezca con claridad los motivos de estos autodenominados “dirigentes”.

Es un hecho incontrastable, por los registros fotográficos que existen, que numerosos derrames de petróleo fueron ocasionados intencionalmente; actos de sabotaje con objetivos claramente económicos e ideológicos. Ya no es un secreto que los dirigentes agrupados en federaciones —algunos no son indígenas ni viven en la zona— participan en las averías a los ductos de petróleo para cobrar indemnizaciones por los daños causados por la contaminación. Tampoco que las “empresas” de la comunidad ejecutan los trabajos de reparación y remediación exigiendo S/ 250 diarios para cada indígena. Tampoco que, si la magnitud de la contaminación es mayor, también será mayor la indemnización a reclamar; ni que, para ahondar la crisis, los dirigentes impiden que los trabajadores especializados ingresen inmediatamente a los lugares siniestrados por el crudo derramado.

El ambientalismo ideológico magnifica los hechos y victimiza a las comunidades indígenas, ocultando la verdad de los hechos. Con esto el radicalismo antisistema pretende internacionalizar los derrames, victimizando a las comunidades indígenas, argumentando falsamente un desinterés del Estado y de sus autoridades frente a la contaminación ambiental. Un ambientalismo antisistema que se basa en informes como el denominado Estado tóxico, de Amnistía Internacional, el que sostiene que el Estado y las empresas se mantienen imperturbables frente a los daños medioambientales. Cuando es todo lo contrario, pues hasta existen “organizaciones” que se sustentan en esos daños ambientales.