Herberth Cuba

Detenciones arbitrarias en emergencias y despenalización del acto médico

Existe un un patrón recurrente de abusos contra los médicos

Detenciones arbitrarias en emergencias y despenalización del acto médico
Herberth Cuba
20 de noviembre del 2026

 

Según la decana regional del Colegio Médico del Perú, Julia Neira Goyeneche, la madrugada del 16 de noviembre, en el Hospital Regional de Ica, la médica E. V. P. se encontraba de guardia en el servicio de emergencia cuando fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú. La acusación inicial señalaba que la médica se había negado a atender a dos ciudadanos extranjeros que habían resultado lesionados tras protagonizar una pelea. Sin embargo, los documentos clínicos posteriormente demostraron que ambos pacientes habían recibido atención médica a la 1:50 y 2:01 de la madrugada, con la firma y el sello de la profesional.

Al momento de la detención la médica atendía a un menor gravemente herido, cuya vida corría peligro, y el hospital enfrentaba una situación crítica por la falta de camillas y la presencia de otros casos de emergencia. Los agentes policiales desestimaron tanto la documentación clínica como el contexto de emergencia y trasladaron a la médica a la comisaría de Ica, donde permaneció en un calabozo descrito como oscuro, sucio y maloliente durante parte de la madrugada y casi todo el día. Su ausencia del hospital retrasó cirugías programadas y dejó al servicio de emergencia sin una especialista, poniendo en riesgo la atención de otros pacientes. La Fiscalía, tras revisar las historias clínicas, ordenó su libertad inmediata y la citó para continuar con las diligencias, al dejar sin efecto la detención que ha generado cuestionamientos sobre la intervención policial; además, numerosos ciudadanos expresaron su indignación en redes sociales.

Sin embargo, este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón recurrente de detenciones arbitrarias y criminalización del acto médico que se ha documentado en el Perú durante los años 2024, 2025 y 2026. En febrero de 2024, una médica serumista identificada con las iniciales E. S. F. fue detenida por efectivos policiales. En julio de 2025, una médica especialista en ginecología y obstetricia fue detenida en Casma, región Áncash, tras el fallecimiento de un recién nacido en una cesárea de emergencia que ella practicó pese a no encontrarse de turno, ante la falta de personal en el hospital, permaneció detenida entre 24 y 48 horas en la comisaría de Casma.

En junio de 2026, dos médicos fueron detenidos tras la muerte de un niño, con una solicitud fiscal de prisión preventiva por siete días adicionales, lo que evidencia que la práctica de privar de la libertad a profesionales de la salud mientras se investigan resultados adversos persiste en el tiempo. Estos casos, cuyos nombres se mantienen en reserva por obvias razones, comparten un aspecto reiterativo: la detención se produce en el lugar de trabajo, durante el ejercicio de funciones asistenciales, y se utiliza como sustento una interpretación laxa de la flagrancia que ignora el contexto clínico y la normativa sanitaria. Además, los efectivos policiales involucrados en las detenciones arbitrarias entre 2024 y 2026 gozan de impunidad o lentitud procesal.

La raíz del conflicto en el caso de Ica reside en una colisión frontal entre el criterio médico que rige la prelación en las emergencias y una priorización administrativa basada en el orden de llegada o en la presión de los denunciantes. En ese sentido, la prelación o el orden de atención en una emergencia es una necesidad clínica basada en el riesgo de vida, de pérdida de órganos o función, o la paliación del sufrimiento, y se sustenta en el principio de lex artis, que es la situación en la que el médico hace lo correcto. Además, el médico de emergencia tiene la autonomía técnica para decidir a quién atiende primero, no obedece a la presión policial, al orden de llegada ni a la nacionalidad del paciente.

Facilita la toma de decisiones del médico la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia, NTS N.º 042-MINSA/DGSP-V.01, que es la guía oficial que establece el sistema de triaje en el Perú y clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición: Prioridad I para el paciente en riesgo inminente de muerte; Prioridad II cuando existe riesgo potencial para la vida o dolor muy intenso; Prioridad III cuando no existe riesgo de muerte ni secuelas invalidantes; Prioridad IV cuando se trata de una urgencia menor que no compromete funciones vitales; y Prioridad V, que son problemas agudos o crónicos no urgentes.

En esa línea, en el caso de Ica, la médica actuó conforme a este criterio técnico al priorizar al menor con heridas graves, mientras que los ciudadanos extranjeros, cuyas lesiones no revestían riesgo vital, ya habían sido atendidos según consta en las historias clínicas. Por tanto, la intervención policial ha sido arbitraria, un abuso de autoridad: al detener a la profesional sin verificar la documentación clínica ni considerar el estado de emergencia del servicio, impuso un criterio administrativo y punitivo sobre el criterio médico, y ha desconocido que la lex artis y la normativa sanitaria otorgan al médico la autonomía para decidir el orden de atención.

Frente a esta recurrencia de abusos ocurrida durante el periodo 2024-2026, el Colegio Médico del Perú ha desplegado una estrategia de pronunciamientos públicos y comunicados de rechazo, y ha dado soporte a la defensa legal, pero no ha presentado alguna iniciativa legislativa que impida la repetición de estos hechos, sobre todo cuando el impacto en la población de la detención de médicos en pleno servicio de emergencia interrumpe la continuidad de la atención y pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de su presencia, como en el caso de Ica, que retrasó cirugías y dejó el área de emergencia sin personal, o como ocurrió con la médica especialista en Casma.

En consecuencia, para los médicos, estas experiencias generan un clima de temor e inseguridad jurídica que se traduce en medicina defensiva. En primer lugar, los profesionales solicitan exámenes innecesarios, evitan procedimientos de alto riesgo y priorizan la protección legal sobre el mejor criterio clínico; por tanto, encarecen el sistema de atención médica. En segundo lugar, se erosiona la confianza de los médicos en el ejercicio profesional porque perciben que sus decisiones técnicas pueden ser criminalizadas por autoridades que desconocen la normativa sanitaria y que actúan con base en denuncias no verificadas. En tercer lugar, se afecta la relación médico-paciente y profesionales experimentados y con carrera abandonan el sector público o el país.

La afectación en los costos de atención, en el agravamiento de la escasez de especialistas y en la exclusión de la atención médica de los pacientes graves o que impliquen riesgos legales, amén del «vía crucis» por el que atraviesan los médicos, obliga a tomar medidas para revertir esa situación. En primer lugar, es urgente que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público emitan protocolos de actuación que prohíban la detención de médicos en el lugar de trabajo durante el ejercicio de funciones asistenciales, salvo en casos de flagrante delito doloso, y que obliguen a verificar la historia clínica, las normas técnicas y guías, y a coordinar con las autoridades sanitarias antes de cualquier intervención.

En segundo lugar, es necesaria la creación de una mesa de diálogo permanente entre el Ministerio de Salud, que aún no se ha pronunciado sobre el caso, el Colegio Médico del Perú y el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de coordinación y respeto mutuo que garanticen tanto la atención oportuna de los pacientes como la seguridad y autonomía del personal médico. En tercer lugar, es indispensable aprobar una ley de despenalización del acto médico que modifique el artículo 20 del Código Penal para eximir de responsabilidad penal al profesional de la salud que actúe con la autorización del paciente y conforme a las guías de práctica clínica y normas aprobadas por el Ministerio de Salud y, como contraparte, fortalecer el fuero administrativo y civil.

La despenalización del acto médico es la reforma más ambiciosa y necesaria para cerrar la brecha de impunidad y abuso que afecta a los profesionales de la salud. Sus ventajas son evidentes: reduce la medicina defensiva, protege la autonomía clínica, optimiza los recursos del sistema judicial, retiene el talento médico y mejora la relación médico-paciente al sustituir el temor por la confianza. Sin embargo, los detractores de esta medida sostienen que generaría impunidad, que el derecho penal es necesario para controlar las negligencias y que desprotege el derecho a la vida de los pacientes. Al contrario de lo que señalan los detractores, la despenalización, en primer lugar, no elimina la responsabilidad, sino que la traslada a fueros más idóneos como el civil y el administrativo, donde las sanciones pueden ser más efectivas y proporcionales.

En segundo lugar, el derecho penal es una herramienta demasiado gravosa e ineficaz para mejorar la calidad de la práctica médica, porque fomenta la medicina defensiva en lugar de la excelencia clínica. En tercer lugar, el derecho a la vida se protege mejor con profesionales seguros y bien formados que con la amenaza de prisión. En cuarto lugar, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que toda medida que restrinja derechos fundamentales debe superar un juicio de proporcionalidad, y en el caso del acto médico, la evidencia demuestra que la vía penal no resiste ese examen. ¡No al abuso contra los médicos!

 

Herberth Cuba
20 de noviembre del 2026

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