Ciro Piñero
Una elección que deja demasiadas preguntas
La legalidad formal no agota el debate democrático
La controversia en torno a las elecciones para la Municipalidad de Lima plantea un problema que va más allá de la aplicación de las normas electorales. Lo que está en cuestión es la legitimidad de un resultado que puede terminar llevando a la alcaldía a quien nunca se presentó como candidato a ese cargo, mientras queda fuera quien sí compitió por él y obtuvo la mayor votación entre los candidatos a alcalde.
La situación resulta particularmente injusta para Francis Allison. La lista de Avanza País, que encabezó como candidato a la alcaldía, obtuvo 1.51 millones de votos frente a los 1.55 millones alcanzados por Renovación Popular. La diferencia fue de apenas 49,093 votos, equivalente a menos de un punto porcentual. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre ambas candidaturas: Allison sí pidió el voto para gobernar Lima, mientras que Renovación Popular concurrió a la elección sin un candidato a la alcaldía.
Esto último no fue una circunstancia inevitable. Luis Rubio, candidato de Renovación Popular, renunció a su postulación y el partido, pese a tener la posibilidad de reemplazarlo dentro del plazo electoral, decidió no hacerlo. Su lista de regidores continuó en competencia y obtuvo la mayor votación. No corresponde afirmar, sin pruebas, que esa decisión obedeció a un plan previamente concertado. Pero tampoco puede ignorarse su consecuencia ni eximir a la organización de responsabilidad política por haber tomado ese camino.
El problema se agravó cuando Rafael López Aliaga, quien había ejercido la alcaldía durante el período inmediatamente anterior, pretendió volver a la municipalidad como primer regidor de su lista. La prohibición constitucional de reelección inmediata impide que asuma la alcaldía. El criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones conduce entonces a continuar el orden de la lista y considerar a la siguiente regidora hábil. De este modo, Jeanette Alonzo, quien se presentó como segunda regidora y no como candidata a alcaldesa, podría terminar ocupando el sillón municipal.
La aplicación de las reglas de sucesión puede resolver quién debe reemplazar a López Aliaga, pero no responde a la pregunta de fondo: ¿es razonable que una organización política pueda competir sin candidato a alcalde, obtener la mayor votación y terminar colocando en ese cargo a una persona que nunca se presentó para ejercerlo?
No se trata de desconocer las normas que regulan la elección por listas ni de atribuir a Allison un derecho automático a ser proclamado alcalde. Se trata de advertir que la legalidad formal no agota el debate democrático. Una decisión puede encontrar respaldo en una interpretación de las disposiciones electorales y, aun así, dejar sin respuesta un problema de legitimidad.
Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales. Sin embargo, el desenlace puede ser que la alcaldía recaiga en alguien que no postuló a ella, mientras el candidato que sí pidió ese respaldo y obtuvo una votación prácticamente equivalente queda al margen. Cuando las reglas electorales permiten un resultado de esta naturaleza, no basta con invocar su aplicación formal, contar votos y cumplir procedimientos. También corresponde examinar si el sistema ha protegido la voluntad ciudadana o si, por el contrario, ha dejado espacio para que los intereses partidistas y personales terminen imponiéndose.
Si su aplicación conduce a resultados que dejan tantas preguntas sin respuesta, quizá sea la hora de revisar no solo cómo se interpretan las normas, sino también si necesitan ser modificadas.
















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