Luego de más de 120 días de gestión, el mayor log...
La visita de la presidenta Keiko Fujimori al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, el 29 de octubre, recordó la importancia de las cárceles en la lucha contra la ola criminal. Durante el encuentro con Nayib Bukele la jefe de Estado del Perú anunció que iban a construir dos establecimientos en el país, uno para internos de alta peligrosidad y otro con talleres productivos para población de menor riesgo. La propuesta diferencia las instalaciones destinadas a contener a los cabecillas de aquellas orientadas al trabajo y la rehabilitación.
La conexión entre las cárceles y la ola criminal es incuestionable. Durante marzo de 2026 desde el INPE se incautaron equipos de comunicación en penales de Piura, Cajamarca, Arequipa, Tacna y Cochamarca, incluidos pabellones del régimen cerrado especial. El objetivo de estas intervenciones es cortar las comunicaciones de la industria delictiva de la extorsión, el secuestro y el sicariato.
El Gobierno sigue desarrollando este tipo de intervenciones. Desde la Presidencia se informó que mediante operativos simultáneos en cuatro penales se inhabilitaron 33 antenas ilegales que eran los centros neurálgicos del crimen a través de internet y diversos sistemas de comunicación digital.
La sobrepoblación penal es un problema capital para aislar a los cabecillas criminales en las cárceles. En agosto de 2026, desde el INPE se registraron 107,126 internos en 69 establecimientos con capacidad para 41,764 personas. Es decir, una sobrepoblación del 257% con respecto a la capacidad establecida. En exceso habían más de 65,362 internos. En otras palabras, alrededor de 257 internos sobre una oferta de 100. La tugurización y el hacinamiento facilitan la acción de los cabecillas criminales.
El 4 de noviembre la presidente Fujimori encabezó la entrega de títulos sobre dos terrenos estatales de aproximadamente 2,600 hectáreas para los proyectos de Huacho, según se informó. En entrevista con El Montonero, Ernesto Álvarez Miranda había planteado una cárcel modular para 10,000 internos primarios, con talleres productivos. Posteriormente, en RPP, habló de un proyecto de 14,000 plazas para primarios y 10,000 para cabecillas y operadores criminales.
Esta ampliación avanza con el reordenamiento penitenciario. Desde la Presidencia se informó el 2 de noviembre que se había solicitado clasificar a todos los internos y trasladar a los más peligrosos a Challapalca.
Algo más. La participación privada en la construcción y gestión de las cárceles podría convertirse en una política para enfrentar el problema ante la falta de gerencia en el Estado. En cualquier caso, es evidente que se percibe una ofensiva, una política y planes de parte del Gobierno en contra de la ola criminal. La creación del Comando Unificado, el impulso de la Comisión Multisectorial contra el crimen organizado, la coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones para golpear al crimen organizado forman parte de esa voluntad.
Asimismo, la colaboración de Estados Unidos y el Escudo de las Américas garantizan el éxito de la lucha contra el crimen organizado en el Perú.
















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