Violencia antiminera en el sur

En su afán de detener las inversiones en minería y explotación de recursos naturales, el radicalismo intenta emplear a las “mesas de diálogo”, conformadas por organizaciones y gremios que no tienen la soberanía de las instituciones del Estado democrático (aquellas ungidas mediante sufragio). Se pretende subordinar a estas mesas de diálogo al Gobierno central, los ministerios, las municipalidades, los gobiernos regionales, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Las fuerzas antisistema generan violencia y arman organizaciones volátiles para animar a esas mesas de diálogo con objeto de trabar las inversiones. Algo de eso sucedió en el distrito de Chamaca (provincia de Chumbivilcas, Cusco), realizada entre el 2012 y 2013. La mesa fue instalada después de protestas violentas provocadas por un sector de radicales con el fin de oponerse al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina Constancia, proyecto cuprífero de US$ 1500 millones. La oposición era absurda, especialmente por los altos estándares ambientales desarrollados por la empresa y que fueron aprobados por el Estado.

En el libro Conviviendo con la minería en el sur, escrito por César Flores, vinculado a la ONG CooperAcción, de una u otra manera, se aceptan todo los presupuestos establecidos por el radicalismo antiminero. Se habla de una desconfianza y tensión entre la población con respecto a la empresa, para justificar la violencia que desarrolló el radicalismo antiminero; pero no se relata cómo el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (Fudicha) organizó el paro que dio origen a la mesa de diálogo.

El tajo de la mina Constancia y otras instalaciones fueron invadidas por piquetes de antimineros y comuneros que solicitaban la presencia de los altos directivos de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM para que atiendan sus reclamos. Frente a la destrucción provocada por los manifestantes, Hudbay suspende las operaciones mineras para preservar la integridad de los trabajadores y de la población en general. Luego de cuatro días de violencia y paralización de las labores mineras, arribaron a la localidad autoridades del Gobierno central, quienes se reunieron con la población y representantes de Hudbay y procedieron a conformar la mesa de diálogo.

La mesa de Chamaca se instaló el 5 de mayo de 2013 con 63 participantes, entre ellos los representantes de la ONG CooperAcción y 12 personas de la empresa Hudbay. Luego de las discusiones, en diciembre de 2013 Hudbay Perú, la Municipalidad de Chamaca y la Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) firman los convenios acordados.

La mesa de Chamaca respaldó la propuesta de Hudbay, que planteaba aportar a la comunidad S/ 3.5 millones para financiar proyectos forestales, viviendas saludables, mejoramiento del sistema eléctrico domiciliario y alumbrado público, y mejoramiento de la cadena productiva en ganado vacuno de leche. Inversiones que se sumaban a otras relacionados con la educación, salud y el desarrollo social.

Desde que se instaló en Chamaca, Hudbay inició —sin la necesidad de ninguna mesa de diálogo— un extensivo plan de relaciones comunitarias en las zonas de influencia directa del proyecto, además de desarrollar su responsabilidad social a través de la firma de convenios con diversas instituciones. Pero esa conducta a favor de la población no interesa a los antimineros, cuyos fines políticos los llevan a demonizar a las empresas. El radicalismo antiminero se ha concentrado en el sur peruano con la intención de detener la producción de cerca del 50% del cobre nacional. Su objetivo es impedir que la minería contribuya al retroceso de la pobreza en la región.