¡Vía crucis de pueblos costeros ante SBN!

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ha continuado con los procesos judiciales en contra de los pobladores de las ciudades, caletas y proyectos turísticos del litoral peruano; sobre todo en distritos como Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos, en los departamentos de Piura y Tumbes.

Ni siquiera el avance de la pandemia o el estado de emergencia ha detenido la voluntad de litigar en contra de ciudadanos que tienen sus casas y propiedades por varias décadas. Y no se trata solo de un grupo de ciudadanos afectados por las pretensiones de la SBN, sino de todos los habitantes humildes, de clases medias e inversionistas, en ciudades enteras de la costa como, por ejemplo, en la urbanizada Talara.

En este contexto, es necesario preguntar al Ejecutivo, al Congreso y a los gobiernos regionales y locales, ¿hasta cuándo se seguirá relativizando los derechos a la posesión y la propiedad establecidos en la Constitución y el Código Civil, utilizando triquiñuelas y argumentos jurídicos? La SBN se ha convertido en una de las mayores entidades litigantes de las zonas costeras.

Si existe alguna duda alrededor de esta afirmación solo basta recordar que la SBN también litiga con pueblos y caletas de las provincias costeras del sur. En Ica, Pisco, Palpa y parte de Nasca, la SBN ha logrado inscribir a su favor 228,328 hectáreas de más 38 partidas registrales. En las zonas costeras del país, entonces, comienza a surgir una especie de estado propietario, a contracorriente de los derechos constitucionales y civiles de los ciudadanos.

No es necesario ser abogado o un experto jurista para entender que, de acuerdo a la Constitución y el Código Civil, la posesión es de una de las principales fuentes de la propiedad. En el libro V del Código Civil se establece el principio de la prescripción adquisitiva que señala que si el posesionario del predio ha ejercido el derecho de posesión por más de diez años puede adquirir la plena propiedad del mismo, si no existe un título válido que se le oponga.

Los pueblos, caletas y ciudades del litoral costero están habitados por ciudadanos que han mantenido sus posesiones por más de dos décadas. Algunos incluso tienen la posesión de sus predios por más de medio siglo. La pregunta que surge entonces, es, ¿cómo se ha llegado a esta situación en que el derecho de propiedad y la posesión durante décadas no tiene valor alguno?

La explicación de las cosas no puede remontarse solo a los últimos gobiernos. Desde el nuevo milenio, y en contra del marco constitucional que prohíbe la idea de un estado propietario, se fue creando una maraña legal que le permite a la SBN litigar ante los tribunales en contra de los ciudadanos del litoral y reclamar la titularidad de los predios.

Los vericuetos legales empezaron con la Ley de Hidrocarburos (Ley 026221, DS N° 054-94 PCM), que transfirió la titularidad de las tierras expropiadas por la reforma agraria velasquista a Petroperú. La entidad de petróleo luego trasladó la titularidad de las tierras a la SBN, cuando regía la Constitución de 1993 y el nuevo Código Civil, que reconocen y amparan el derecho de los posesionarios, tal como se indicó líneas arriba.

A pesar de los argumentos legales, a pesar de las protestas y las angustias de los pobladores del litoral, ni el Ejecutivo ni el Congreso han movido, como se dice, un dedo para cambiar la situación. Unos meses atrás se anunció que el Estado paralizaba los litigios contra los ciudadanos, pero esas palabras se las llevó el viento. La burocracia de la SBN continuó con la guerra judicial contra los pueblos del litoral, y ni la pandemia, ni la letalidad ni la emergencia, detienen la crítica situación de la propiedad en el litoral.