¿Uso político del gasto social?

Incremento presupuestal en asistencialismo desata suspicacias

Hace algunas semanas el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pablo Cateriano, y el titular de Economía, Alonso Segura, se presentaron ante el pleno del Congreso para sustentar el proyecto de Presupuesto General de la República 2016, el cual ratifica la idea nacionalista de que el estado es el motor principal en la reducción de la pobreza.

El proyecto propone un incremento del presupuesto en 6%, dentro del cual destaca el aumento del gasto en programas sociales. Al respecto, vale recordar que si el Perú se volvió una estrella del milagro económico fue debido a que la inversión privada era el motor del crecimiento y de la reducción de pobreza. Nunca en la historia republicana el país redujo la pobreza de 60% a 20% como sucedió en los últimos 25 años. Diversos estudios señalan que del total de la pobreza reducida, el 75% se explica por el crecimiento y solo el 25% por los programa sociales. Semejante dato parece no ser relevante para el gobierno.

Revisando el presupuesto anual asignado a dichos programas, se aprecia que ha habido un aumento progresivo durante la gestión nacionalista. Por ejemplo en el 2014 el presupuesto fue de S/. 4,097 millones; este año se incrementó a S/. 5,025 millones, y para el 2016 se plantea un aumento de más de S/. 320 millones, con el cual asciende a S/. 5,354 millones.

Qali Warma con S/. 1,495 millones, y Juntos con S/. 1,041 millones, suman más de la mitad del gasto social.

La tentación del uso político del gasto social no es novedad. Diversos gobiernos de la izquierda latinoamericana han utilizado los programas sociales para consolidar sus estrategias de poder, al margen de criterios técnicos para reducir pobreza. El ejemplo más trágico es Venezuela, donde hasta el momento hay 42 “misiones” o programas sociales de toda índole. Rafael Correa, en Ecuador, ha podido reelegirse sucesivamente porque también aumentó el tamaño del estado en ayuda asistencial. Evo Morales ha seguido la misma lógica. Y en Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff, el programa “Hambre Cero”, emblema del gobierno,  mantiene a 13 millones de familias.

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el gasto social per cápita en el período 2011-2012 en Brasil y Argentina fue de US$ 1,412 y US$ 1,893, respectivamente, superando cuatro veces al peruano. En ambos gobiernos el actor principal de la reducción de la pobreza fue el estado y hoy, con la ralentización de la economía mundial, en vez de reducir pobreza han comenzado a incrementarla.

Es bueno desconfiar de las intenciones del gobierno en el uso de los recursos públicos. No es ninguna novedad que el gobierno nacionalista necesitará de una bancada parlamentaria propia para afrontar la ola de acusaciones e investigaciones en el próximo quinquenio. De allí que el incremento del gasto social genere más de una suspicacia sobre un posible uso político del mismo por el gobierno.

Nadie duda la importancia de los programas sociales para asistir a compatriotas que viven todavía en extrema pobreza, pero llama la atención que el gobierno nacionalista suba de golpe el gasto social al final de su gestión. El nacionalismo debería volver a encender los motores del crecimiento, porque la inversión privada y las exportaciones son las únicas armas que tienen los peruanos para seguir reduciendo pobreza. Las piruetas y regalos estatales nunca serán sostenibles en el tiempo.