¡Unidad nacional en defensa de la educación y la democracia!

Restablecer el principio de autoridad para seguir negociando

Ante el desarrollo de la huelga magisterial, de diversas maneras todas las instituciones del Estado y los principales actores de la élite política nacional han dejado en claro que el Perú no puede retroceder en la política promeritocracia en la docencia y en la escuela pública, que se ha estado implementa en los últimos tres gobiernos nacionales.

Si bien es cierto que la actuación del Ejecutivo y los ministros fue una suma de despropósitos en el tratamiento de la huelga magisterial, ya todos estamos notificados de que el gobierno de presidente Kuczynski no retrocederá en la Ley de Carrera Pública Magisterial y en la Evaluación de Desempeño Docente. Igualmente el sector de congresistas que medió —de manera muy sui géneris— entre el Ministerio de Educación (Minedu) y las dirigencias sindicales radicales se opuso a cualquier retroceso en la mencionada política estatal. Asimismo el fujimorismo, más allá de los tumbos y yerros acumulados en el desarrollo del conflicto sindical, ha establecido categóricamente que en el Legislativo no hay retroceso en la política promeritocrática en la escuela pública.

Las cosas, pues, están demasiado claras: el Estado y la élite política peruana no retroceden ante el radicalismo sindical porque han decidido defender el derecho de los niños pobres del Perú a tener buenos maestros.

Ante este escenario, ¿qué le espera al Perú y a millones de estudiantes frente a la continuidad de la huelga magisterial? Tal como ha planteando las cosas la dirigencia magisterial radical, la sociedad parece enfrentar una disyuntiva: o los sindicatos radicales ponen de rodillas al Ejecutivo, al Legislativo, a la Fiscalía y al Poder Judicial, o se restablece el principio de autoridad para seguir negociando y dialogando en busca de mejoras.

Esta disyuntiva se vuelve más urgente cuando el anuncio de la llamada Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de un paro nacional y una próxima huelga general indefinida nos desvela una estrategia preinsurreccional que pretende desatar una verdadera crisis de gobernabilidad, a semejanza de lo sucedido en Bolivia y en Ecuador antes de la llegada al poder de Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente.

La estrategia preinsurrecional tiene un solo objetivo: deslegitimar a todas las instituciones de la democracia —llámese Ejecutivo, Congreso, gobiernos regionales, Fiscalía y Poder Judicial— con el objeto de que la autoridad y las decisiones se trasladen al protagonismo de las turbas en las calles. Si la democracia peruana cede ante esa estrategia no sería nada extraño que se interrumpa el cronograma democrático hacia el 2021 o que se desarrollen estrategias de masas para paralizar sectores claves de la economía; tal como ha sucedido recientemente con el llamado Corredor Minero del Sur, en el que se produce el 60% del cobre nacional.

La ofensiva radical entonces demanda la más amplia unidad nacional de la élite política nacional para enfrentar una situación que tiene mucho que ver con los yerros e imprevisiones de la administración PPK, pero también con el abandono de la meritocracia en la escuela pública durante la pasada administración nacionalista.

Defender, pues, la política estatal promeritocracia en la carrera docente en el Perú, de una u otra manera, también es defender el sistema democrático y la gobernabilidad frente a una estrategia radical que busca deslegitimar la autoridad de la democracia, quebrar cualquier principio de autoridad y de administración de justicia para imponer el lenguaje de la turba y de la revuelta callejera.

¿Qué significa restablecer la autoridad de la democracia? Que los gobiernos regionales hagan efectivos los descuentos y despidos de los maestros que no se reincorporen a sus clases, que los fiscales ordenen la detención de quienes violan el derecho al libre tránsito y amenacen la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos, y atenten contra la propiedad pública y privada.

Si los demócratas no optan por restablecer el principio de autoridad para seguir dialogando y negociando en los conflictos sociales, los radicalismos seguirán a la ofensiva y, tarde o temprano, lograrán su objetivo de ensangrentar las marchas callejeras para bloquear la gobernabilidad democrática.