Se ha vuelto un lugar común denostar del actual Congres...
Días atrás el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley N°1256 (con 90 votos a favor), en el que se propone “fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados”. Semejante ley suena bonito; no obstante, detrás de las buenas intenciones y declaraciones se deben analizar los objetivos reales que se persiguen con esta iniciativa presentada por la izquierda.
En la nueva ley se señala que la formulación y ejecución de políticas públicas de salud y en materia ambiental se hará a nivel nacional, regional y local, con la coordinación y articulación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud y la participación “activa” de la sociedad civil. ¿De qué sociedad civil se habla? ¿De las oenegés de izquierda que organizan los relatos anti inversión?
Desde aquí hemos informado en varias ocasiones que la coartada de la izquierda ha sido arrogarse la representación de la sociedad civil para impulsar leyes con el objetivo de paralizar las inversiones, sobre todo extractivas. En el caso del problema de contaminación por metales pesados, incluso existe una Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y la Mesa de Salud Ambiental y Humana, donde participan, entre otros, la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras y otras oenegés que promueven el bloqueo de las inversiones mineras en el llamado Corredor Vial del Sur, en donde se emplazan las minas que producen más del 60% del cobre del país. Los integrantes de esta denominada Plataforma, junto a la actual presidenta del Congreso, han sido los promotores de la norma que comentamos.
La aprobación de esta nueva ley es un triunfo para las oenegés de izquierda. Desde ahora en adelante las organizaciones no gubernamentales podrán incidir en la “formulación y ejecución de política a nivel local”; en otras palabras, podrán influir decididamente en las políticas estatales contra las inversiones extractivas.
No obstante, vale resaltar que la izquierda ha armado otro muñeco en su estrategia contra las inversiones mineras. Se dice por ejemplo que 10.16 millones de habitantes a nivel nacional, que equivale al 31% de la población, están expuestos a metales pesados y otras sustancias tóxicas; sin embargo, se oculta que –según cifras oficiales– en el Perú solo hay 6,503 casos de intoxicación por metales pesados, y que la mayor parte se concentra en la región de Pasco (3,576 casos).
No solo eso, tampoco cuentan que el sur andino concentra altos niveles de cadmio, zinc, cobre y otros minerales. En las denominadas “provincias altas” de Cusco, Arequipa o Moquegua, existen pruebas certificadas y científicas de fenómenos naturales recurrentes, los llamados “lahares”, que no son sino zonas volcánicas que contaminan el flujo de las aguas luego de las lluvias. Por ejemplo, es lo que sucede en Espinar, Cusco. Semanas atrás se publicó un informe del propio Ministerio del Ambiente que desmentía la supuesta contaminación por metales pesados en Espinar.
Con esta nueva ley la izquierda tiene abiertas las puertas para continuar su estrategia de paralizar las inversiones mineras, que hoy representan la salvación nacional de la economía. Los sectores democráticos se han tragado los cuentos y narrativas de una izquierda experta en utilizarlos para sus propios fines.
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