La comisión de Constitución del Congreso de la R...
A pocas semanas de renovarse la junta directiva del Congreso, los peruanos de buena voluntad debemos entender que la única manera de superar la tragedia nacional que ha desatado el Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef en el Perú, dentro de los marcos de la Constitución, es desarrollando una amplia convergencia nacional que evite que las corrientes comunistas y colectivistas asuman la conducción del Legislativo. En otras palabras, garantizando la continuidad de la oposición en la dirección del Congreso.
Semejante objetivo debe afirmarse reflexionando sobre el papel que ha jugado el Congreso para evitar la instalación de una asamblea constituyente y el proyecto de nacionalizar los recursos naturales. Más allá de los errores acumulados, que critican tirios y troyanos, es evidente que si la oposición en general no hubiese conducido el Congreso ya se habría aprobado el proyecto del Ejecutivo que propone una constituyente, o quizá el Gobierno hubiese logrado materializar su sueño de disolver el Legislativo.
De allí la enorme importancia de gestar una amplia alianza que garantice la continuidad de la oposición en el Congreso, no solo a nivel de las bancadas parlamentarias, sino de todas las corrientes de centro derecha y centro izquierda de la sociedad. Los sectores progresistas deben comenzar a entender que nadie puede gobernar sin ganar elecciones, que las decisiones en el Congreso se toman con votos en mayoría –no hay otra manera– y que, por lo tanto, es hora de de buscar convergencias para lograr los objetivos mayores: preservar la Constitución y las libertades.
En ese acuerdo, claro que existirán diferencias e, incluso, disputas feroces. Sin embargo, la amenaza de una constituyente no es una quimera. Podría acabar con la viabilidad de todas las centro-derechas y las centro-izquierdas. Por todas estas consideraciones, llama poderosamente la atención que algunas corrientes progresistas pretendan convertir al Congreso en “su principal enemigo” –dejando al Ejecutivo en el balcón– por diferencias y disputas que deben resolverse con votos en el Congreso. Si no se tiene los votos, no se puede jugar con los enemigos de la democracia.
En ese contexto, las discusiones acerca de la nueva mesa directiva del Congreso definirán el futuro de las libertades en el Perú. En realidad, no estamos discutiendo la elección de una nueva junta directiva más, sino de los potenciales líderes de una transición política a nuevas elecciones generales. Líderes que deberán conducir el Ejecutivo y el Congreso, ante el acelerado y evidente desplome del Gobierno. Es en ese contexto que se deben respetar los acuerdos asumidos entre las bancadas e, igualmente, se deben proponer fórmulas viables.
Si la civilidad democrática no entiende la encrucijada que enfrenta el sistema republicano, otra vez los civiles serán incapaces de mantener la viabilidad del proyecto de peruanidad, tal como sucedió durante los años ochenta frente a la arremetida del terrorismo comunista.
En ese entonces los civiles de derecha e izquierda democrática fueron incapaces de ponerse de acuerdo para salvar las libertades. Muy por el contrario, las izquierdas desarrollaron un peligroso sentimiento de culpa frente al terror, y se negaron a respaldar la acción antisubversiva del Estado y las fuerzas armadas. El resultado: la democracia naufragó a inicios de los noventa y emergió la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo que, finalmente, encumbró a Castillo y desató la actual tragedia nacional.
Más allá de cualquier disputa, más allá de cualquier votación congresal que rechacemos, el Congreso es la única muralla en contra de la asamblea constituyente. Y todos los peruanos de buena voluntad estamos en la obligación de respaldar la más amplia convergencia nacional para evitar que el colectivismo y el comunismo asuman la conducción del Legislativo. De lo contrario, la civilidad habrá fracasado y las libertades se convertirán en enormes interrogantes.
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