Tía María: impunidad de la violencia antiminera

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) declaró culpables a 13 pobladores de la provincia de Islay (Arequipa) del delito contra de la seguridad pública por haber bloqueado el 15 de abril de 2015 los accesos al valle de Tambo. Ese día números pobladores, alentados por activistas antimineros, se concentraron en la carretera Mollendo-Matarani con el propósito de detener el proyecto cuprífero Tía María. Los manifestantes actuaron de manera muy violenta, provocando daños a las personas y a la propiedad pública y privada. Eran los tiempos del humalismo, Gobierno que se caracterizó por detener toda inversión privada y por mediatizar la autoridad de las leyes y de las instituciones públicas.

Según la ley, la pena para los acusados debió ser de hasta seis años de cárcel efectiva. Sin embargo, el Juzgado Unipersonal arequipeño falló por cuatro años de prisión suspendida para los imputados. Si bien este caso puede servir de disuasivo para evitar que se cometan otros actos similares, una vez más la sentencia no está dentro de la realidad de los hechos ni de la normatividad que debe prevalecer en todo acto de justicia. La benevolencia de las condenas genera suspicacias, la sospecha de alguna extorsión o algún tipo de amenaza que estarían recibiendo quienes administran la justicia en el país. Así como el movimiento extremista practica el amedrentamiento y la coacción en la población, con el propósito de sumar fuerzas para que la gente se una y participe de los actos vandálicos que ellos organizan, así también estaría intimidando a las autoridades judiciales.

El delito contra la seguridad pública en la modalidad de bloqueo de carreteras es la práctica común de toda protesta violenta, que ha quedado impune en numerosas ocasiones. Con este antecedente, en Arequipa las otras 76 personas implicadas en 38 procesos por bloqueo de carreteras, cinco de los cuales relacionados con el proyecto Tía María, esperarían sentencias similares.

En abril 2015, el alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, y el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez (quien cumplió una prisión preventiva por un proceso de extorsión en curso), fueron sindicados como promotores de la protesta violenta que duró 23 días en la provincia de Islay. Además, Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios Tambo, fue detenido cuando interrumpía la vía pública acompañado de unas noventa personas y utilizando una camioneta con las placas de identificación cubiertas.

Cornejo es ahora candidato a la alcaldía de la Municipalidad distrital de Deán Valdivia por el Frente Amplio. Además es un firme opositor del proyecto Tía María y forma parte del círculo antiminero nacional. Ha sido acusado, también, de desfalco en la Junta de Propietarios, y de agresión física contra una dirigente agraria (flagelándola y jalándola de los cabellos, según informa la prensa local). Cornejo acostumbra tildar de traidor a toda persona que se manifiesta en favor del proyecto Tía María.

La izquierda radical hoy se encuentra concentrada en el llamado Corredor Minero del sur, que comprende los departamentos de Arequipa, Cusco y Apurímac. Se alista para paralizar de manera violenta y en contra de la voluntad de la mayoría de los pobladores, las operaciones de la mina Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Se teme que quiera incendiar las instalaciones de la minera, en vista de que todo lo actuado por el Poder Judicial termina en impunidad.

En Arequipa volvería a suceder lo mismo. Con el cuento de que el Estado no puede criminalizar la libre protesta ciudadana, para confundir a la población, los antimineros se preparan para impedir el desarrollo del Proyecto Tía María, que este año debe obtener la licencia de construcción de la mina.

Tía María es un proyecto de alta rentabilidad que repercutirá en el desarrollo del los distritos y las provincias ubicados en el zona de influencia. Eso lamentablemente no los entienden los Pepe Julios y los Cornejos, alentados por las ONG ideológicas que juegan a favor de los traders internacionales de minerales, para beneficio de ellos y no del país.