Sunat contribuye a la informalidad minera

Durante el Gobierno nacionalista se promulgaron nueve decretos legislativos que organizaron el cuerpo jurídico del proceso de formalización minera. El resultado: un fracaso total. Hoy solo 5,000 pequeños mineros tributan, de un total de más de 400,000 productores. En la actualidad se fugan por las fronteras del país entre 3,000 y 5,000 kilos de oro anuales, y se calcula que desde el 2012 hasta la fecha el contrabando de este metal asciende a los US$ 15,000 millones. Pierden los ingresos fiscales y pierde el medio ambiente.

¿Cuál es la explicación de la situación? Hay varias. Entre ellas el hecho que los mencionados DD.LL. exigen requisitos inalcanzables para los mineros artesanales: presentar contratos de explotación, cálculo de las reservas probadas, RUC, documentos contables y todos los requisitos establecidos para el mundo formal, pero que son imposibles de alcanzar para los más de 400,000 mineros artesanales.

Otra de las causas es la voluntad de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) de fiscalizar, imponer multas y embargos, utilizando criterios fuera de la realidad, incluso normas que han sido derogadas. Un ejemplo: el artículo 2 del Decreto Legislativo 1107 establecía que se entiende por minería ilegal “la actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que está prohibida su ejercicio”.

Era evidente que la mayoría de mineros artesanales iba a caer en esta figura de minería ilegal, porque casi todos ellos tienen problemas administrativos, técnicos y sociales derivados de la informalidad. La cosa era tan escandalosa que hoy esta definición se ha derogado y solo se considera minería ilegal a la que se realiza en zonas prohibidas y parques nacionales. Sin embargo, a la hora de recaudar, para la Sunat no ha cambiado nada. 

Por ejemplo, los pequeños mineros deben presentar guía de remisión con 60 requisitos, según lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago: desde la existencia de una empresa con RUC hasta la información impresa y no necesariamente impresa. ¿Qué pequeño minero está en condiciones de cumplir estos procedimientos?

Otro ejemplo: Los fiscalizadores de la Sunat, igualmente, exigen que los operarios de una pequeña empresa minera se registren en planilla, pero los trabajadores se niegan abiertamente a hacerlo porque pierden la posibilidad del Servicio Integral de Salud (SIS). Aquí no estamos desarrollando juicios sobre los hechos, sino intentando describir cómo la Sunat desconoce la realidad de la informalidad y cómo contribuye a acrecentarla. Urge, por tanto, un Régimen Tributario Especial que contemple esta realidad. En caso contrario, la Sunat terminará con los pocos avances alcanzados en la formalización, y la problemática de la informalidad se profundizará.

Todos estos problemas se agravaron durante el Gobierno nacionalista, cuando se canceló el sistema de liquidación de compra. Hasta el 9 de octubre del 2014, los mineros artesanales tenían un puente con la formalidad: vendían su producción a las plantas de beneficio y estas retenían 4% en impuesto a la renta y 18% del IGV de las ventas de los pequeños mineros. Era un régimen de transición que hacía que los mineros artesanales pusieran un pie en la formalidad, y de otro lado incrementaba la recaudación tributaria y los ingresos fiscales. ¿Por qué el nacionalismo derogó este sistema para la minería informal? Nadie lo entiende.

Con la derogación del sistema de liquidación de compra y la conducta de la Sunat frente a los mineros artesanales, en realidad se ha lanzado una bomba nuclear contra todos los avances en formalización. Incluso las empresas formales del sector, autorizadas por Activos Mineros (empresa estatal) para comprar la producción de los mineros artesanales pueden ser cuestionadas porque la Sunat, simplemente, niega cualquier posibilidad de que los mineros artesanales presenten sus “documentos”.

En este contexto, la informalidad aumenta, sigue cayendo la recaudación tributaria y continúa siendo imposible fiscalizar el daño al medio ambiente. ¿Por qué no se entiende que formalizar es una política de Estado y no una estrategia de la autoridad tributaria?