Sin reformas, el Ejecutivo y el Congreso se ponen de espaldas al Perú

Las próximas elecciones del 2026 podrían ser las primeras en dos décadas en que el bajo crecimiento convierte al aumento de la pobreza en un protagonista del proceso. Vale recordar que, en las últimas cinco elecciones nacionales –incluida la trágica elección de Pedro Castillo– el Perú era una sociedad que reducía la pobreza, más allá de que desde el 2014 la ralentización del crecimiento lentificó el proceso de aumento del bienestar nacional.

Para todos es conocido que el bajo crecimiento y la caída de la inversión privada tiene que ver con la renuncia de los sucesivos a gobiernos a desarrollar nuevas reformas y el aumento de las sobrerregulaciones y procedimientos estatales que han convertido al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región, no obstante los principios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio. En este contexto, la elección de Castillo fue el puntillazo final –como se suele decir– a tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza, sobre todo por la agitación permanente contra el orden constitucional y la promoción de una constituyente para redactar una constitución anticapitalista.

El Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento a la baja de 2.6% del PBI para el 2023 (antes era de 2.9%). Una tasa de expansión con la que es imposible reducir la pobreza. En este contexto surge la pregunta: Si de cinco elecciones nacionales en las últimas dos décadas, en al menos en tres de ellas la amenaza antisistema fue una verdadera espada de Damocles sobre el sistema constitucional y la libertad, no obstante el crecimiento y reducción de pobreza, ¿qué puede suceder en una sociedad donde la pobreza avanza en línea ascendente? ¿Acaso el discurso antisistema contra el “modelo neoliberal” y el supuesto “gobierno de los monopolios” no se refuerza?

El Perú entonces necesita volver a relanzar el crecimiento para fortalecer el proceso democrático institucional y reducir las posibilidades del mensaje populista y demagógico del antisistema. Las reformas planteadas son más que conocidas: simplificar las sobrerregulaciones estatales, desarrollar una reforma tributaria que unifique los sistemas impositivos y se proponga reducir impuestos, materializar una reforma laboral para flexibilizar los contratos de trabajo, avanzar en las reformas de salud y del sistema educativo, y comenzar a cerrar las brechas de infraestructuras. Igualmente se debe restablecer el Estado de derecho y el imperio de la ley en todas las regiones mineras en donde el radicalismo antiminero ha impuesto el poder del más fuerte y violento.

En cualquier caso, el Ejecutivo y el Congreso están obligados a desarrollar un mínimo paquete de reformas para justificar políticamente la continuidad constitucional hasta el 2026. El caso de la reforma política es paradigmático y extremadamente urgente. La ausencia de un Senado y la prohibición demagógica de la reelección de los parlamentarios han destruido el sistema político y cada vez se eligen peores legislativos. En este escenario algunos pretenden fugar hacia adelante con adelantos generales de elecciones, cuando el meollo del asunto pasa por reformar lo que destruye el sistema político.

No es posible, pues, que el Ejecutivo y el Congreso se nieguen a materializar reformas mínimas. De lo contrario el antisistema arrollará a los defensores del sistema republicano, paralizados en sus disputas internas y frivolidades. Necesitamos relanzar el crecimiento, la inversión privada y la generación de empleo para reducir la pobreza. Necesitamos también reformar el sistema político para mejorar el drama de la representación parlamentaria. No hay tiempo que perder.