Se detienen juicios de SBN en zonas costeras

En una reunión desarrollada en el Congreso de la República entre los congresistas Karla Schaefer Cuculiza, Mártires Lizana Santos, Juan Carlos Yuyes Meza y el presidente de la Comisión de Vivienda del Legislativo, Horacio Pacori, y los alcaldes de Piura y Tumbes, se logró convencer a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para detener los procesos judiciales contra los propietarios y poseedores de predios de las ciudades, pueblos y caletas de la zona costera de Piura y Tumbes. De esta manera cesarán las acciones administrativas y judiciales de desalojo y demolición de las casas del litoral. 

Luego de esa reunión, los mencionados alcaldes y los representantes de los afectados se reunieron con Armando Miguel Subauste, funcionario de la SBN. En la mencionada junta se acordó instalar una mesa de diálogo y trabajo hasta el 2020 para elaborar una nueva ley de playas.

Desde cualquier punto de vista es una buena noticia para todos los propietarios y poseedores de predios —ricos y pobres— de la zona costera del norte. Sin embargo vale señalar que durante la pasada gestión de Edmer Trujillo al frente del ministerio de Vivienda también se consiguió detener los procesos en contra de los pobladores. Sin embargo, la burocracia de la SBN hizo caso omiso y volvió a judicializar a los pobladores del litoral.

En este portal hemos informado repetidamente que la SBN reclama la propiedad de ciudades y pueblos enteros en el litoral. Las propiedades de una ciudad como Talara, por ejemplo, están en litigio. La SBN reclama la propiedad de los predios en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Punta Sal, Máncora, Cancas y Zorritos. Nadie se salva. Ni las inversiones en hoteles y turismo ni humildes pescadores. La entidad también reclama la propiedad de los predios costeros en Ica, Pisco, Palpa y Nasca. En el litoral sur la SBN ha logrado inscribir a su favor más de 228,000 hectáreas.

¿Cuál es el argumento jurídico que plantea la SBN? La Ley de Playas, de muy reciente aprobación, establece que los predios deben emplazarse a 50 metros de la alta marea en playas continuas, es decir, sin accidentes geográficos. La mencionada norma se pretende aplicar ilegalmente de manera retroactiva a propietarios y poseedores con más de un siglo de posesión real.

Por ejemplo, se intenta demoler las casas del balneario de Colán, construidas más de un siglo atrás y que, en ese entonces, estaban a 200 y 300 metros de la línea de marea. ¿Cómo se despoja de sus propiedades y posesiones a los habitantes de estos balnearios? ¿Acaso no estamos frente a una expropiación encubierta? De allí la enorme importancia de la anunciada mesa de trabajo, que debe elaborar una propuesta de una nueva ley de playas.

De otro lado vale señalar que la Constitución y el libro V del Código Civil establecen con absoluta claridad que la posesión es fuente de la propiedad. Asimismo, el Código Civil señala que luego de diez años de posesión efectiva, el poseedor puede reclamar la prescripción adquisitiva si es que no existe un título que se le oponga al derecho. ¿Con qué criterio, entonces, la SBN plantea estas demandas y con qué razones los magistrados aceptan este tipo de reclamos?

Es evidente, pues, que los conflictos de la SBN con los pobladores de las ciudades del litoral representan otro capítulo de la creciente informalidad que parece ahogar a la democracia y la economía de mercado. En cualquier caso, hacemos votos para que la mencionada mesa de trabajo halle salidas y soluciones a un potencial conflicto social.