¿Se bloquea la democracia?

En la presente semana, de pronto, los acercamientos y entendimientos que parecían haberse iniciado entre el Ejecutivo y el Legislativo, a propósito de la conformación del nuevo Gabinete que preside Mercedes Aráoz, se tornaron en una confrontación sin cuartel. Un sector del fujimorismo consideró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba obligado a comparecer personalmente ante la Comisión Lava Jato del Legislativo para responder —en calidad de testigo— algunas interrogantes sobre la Interoceánica del Sur. No se aceptaba que el jefe de Estado absolviera las preguntas por escrito. De una u otra manera, el Perú asistía a una nueva versión del choque de poderes que amenazaba bloquear a la democracia luego de las elecciones del 2016.

En este portal tenemos que decirlo con todas sus letras: el jefe del Estado, en su calidad de único magistrado elegido mediante el sufragio nacional, está blindado por la actual Carta Política y ninguna comisión del Congreso puede citarlo a comparecer de grado o fuerza. Si a esto le sumamos el hecho de que el congresista Daniel Salaverry, vocero de la mayoría parlamentaria, acaba de presentar una denuncia constitucional —que luego fue respaldada por la mayoría legislativa en pleno— contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez,  “por la omisión funcional de no haber garantizado el inicio de las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la corrupta Odebrecht”, el asunto es más que evidente: la democracia parece encaminarse a un bloqueo institucional.

Aquí no vamos a caer en la fácil argumentación de la coalición mediática antifujimorista —con enorme responsabilidad en la situación actual—, que señala que todas las responsabilidades están en el fujimorismo. Semejante aproximación es la ruta más certera al bloqueo total de la institucionalidad. ¿Cómo explicar la sobrerreacción fujimorista que lleva a poner en la mira a la figura del jefe de Estado?

Un sector de magistrados del Ministerio Público ha comenzado a actuar con absoluta irresponsabilidad en contra de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, como si fuese posible estirar la ley de acuerdo a criterios políticos.

Los mencionados fiscales han decidido desarrollar una investigación preliminar por 36 meses en base a la tipicidad de crimen organizado contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y el movimiento fujimorista. En otras palabras, se investigará hasta las elecciones del 2021 sin formular acusaciones, de modo que toda la campaña antifujimorista estará dosificada y administrada por la coalición mediática antifujimorista, de acuerdo a los avances e informaciones preliminares del Ministerio Público que, es casi seguro, no se convertirán en hechos judiciales, tal como sucedió con Alan García y la llamada megacomisión Tejada del nadinismo. Pero eso no es todo. Luego de archivarse el caso de Joaquín Ramírez, la Fiscalía —por recomendación pública del fiscal de la Nación— también decidió reabrir el caso.

Aquí no estamos para defender a nadie. Pero luego de que a Keiko Fujimori se le levantara el secreto bancario varias veces en los últimos años, después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableciera que las cuentas de Fuerza Popular estaban en orden y que todo los ingresos de los cócteles naranjas (por esos casos se habla de crimen organizado) estaban bancarizados, la conducta de este sector de fiscales solo puede interpretarse como una típica acción política del antifujimorismo.

Y allí está una de las madres del cordero que explican la sobrerreacción del fujimorismo. El antifujimorismo no se detiene en sus intentos de mangonear las entidades tutelares del sistema de justicia —tal como lo hizo con el Tribunal Constitucional en el escandaloso caso de El Frontón— y pretende utilizar a la Fiscalía como parte de la estrategia que busca vetar la candidatura de Fuerza Popular hacia el 2021. Las cosas se han estirado de tal manera que todo parece avanzar a la colisión inevitable.

Quizá una manera de empezar a superar este terrible momento para la República es que los fiscales dejen de investigar de manera preliminar hasta las elecciones del 2021 y procedan a formular acusación fiscal o archivar los casos sin estirar la ley. Por su lado, el fujimorismo debe entender que la sobrerreacción puede terminar bloqueando la democracia y afectando sus enormes posibilidades electorales.