¿Te acuerdas de la lucha contra el crimen?

El tiempo pasa y poco o nada se hace para acabar con el desborde de la delincuencia. En medio de la discusiones sobre el diálogo entre el gobierno y algunos partidos políticos de escasa representación, de acusaciones de corrupción contra Nadine Heredia y del revuelo suscitado por el cierre de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ha pasado a un segundo plano el problema que más afecta hoy a los peruanos: la inseguridad provocada por el desborde de la delincuencia. El ministro Daniel Urresti ejerce un excesivo protagonismo en el plano policial, lo cual solo le sirve a él para promover su imagen personal (¿candidato?), pero NO para resolver el problema. ¿Sirve el despliegue mediático del ministro para evitar que fiscales corruptos suelten después a los hampones detenidos por la policía? ¿Sirve para impedir que los jueces venales les apliquen penas blandas a los hampones reincidentes? ¿Es útil acaso para que los penales dejen de ser bases de operaciones de bandas organizadas y escuelas de alto grado del crimen? Es verdad que el gobierno incluyó el tema de la inseguridad en la agenda del diálogo reciente, pero no ha llevado una propuesta consistente porque -como lo hemos dicho antes en este portal- no entiende el problema y, por tanto, no sabe cómo enfrentarlo. Lo único que hace es movilizar al Urresti con cámaras de TV para dar la percepción de que se combate al crimen, cuando en realidad no se toca las raíces del problema. Las cifras del INEI sobre delincuencia hablan por sí mismas: El 2011, cuando el actual gobierno inició su gestión, se registraron 24,244 delitos contra la vida el cuerpo y la salud; y al finalizar el 2013 esa cifra aumentó a 29,497 casos. Lo mismo sucedió en el caso de los delitos contra el patrimonio (asaltos, robos, hurtos), que aumentaron de 139,263 en el 2011 hasta 179,163 en el 2013. En realidad las cifras son mayores pues el INEI registra solo los casos denunciados por los ciudadanos. Lo real es que el Perú no tiene una política de estado en seguridad interior, la única herramienta que permite a las democracias neutralizar a la delincuencia. Dicha política compromete en la lucha a todos los organismos estatales vinculados al problema: Poder Judicial, Ministerio Público, PNP, INPE, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, bajo una estrategia única liderada por el Presidente de la República. También incorpora en la lucha a las organizaciones sociales, pues sin el concurso de los ciudadanos es imposible ganar la guerra. La movilización ciudadana es fundamental para fiscalizar que las autoridades más cercanas a la población -Serenazgo municipal y Comisarías- combatan el crimen y no convivan con él a cambio de sobornos. Con una reforma policial que permita que los ciudadanos ejerzan un control efectivo sobre esas autoridades, gran parte del problema se resolvería, sobre todo la inseguridad en los barrios. Pero poco o nada se ha avanzado en lo que va del gobierno nacionalista, a pesar de que muchos peruanos le dieron su voto creyendo que Ollanta Humala, por ser militar, pondría la mano dura que hace falta para frenar al hampa. Mientras tanto, el hampa sigue avanzando y cobrando vidas: Diómedes Tito Carranza Carranza, taxista y padre de familia, es el último en la larga lista de personas asesinadas en Lima. Lo mataron en Comas, de dos tiros, por resistirse al robo de su vehículo. Según las estadísticas oficiales, al menos un peruano es asesinado cada día por sicarios o asaltantes. ¿Cuántas víctimas más tendrán que morir para que nuestras autoridades enfrente el problema como debe ser, en vez de crear solo percepciones? 12 - Feb - 2015