¡SBN sigue con desalojos contra orden ministerial!

Se despoja de posesiones y propiedades a ciudadanos

El fin de semana pasado la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) continuó con las acciones judiciales y desalojos en contra de miles de posesionarios y propietarios de las playas del norte del país: humildes caletas de pescadores, ciudades enteras e inversiones hoteleras que tienen la posesión y propiedad de sus predios por varias décadas. En Los Órganos, decenas de personas (tal como se aprecia en la foto) procedieron con los desalojos. Lo grave de estas acciones judiciales es que la SBN se mantiene en sus trece, no obstante la decisión del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento que dispuso “la paralización inmediata de todas las acciones judiciales y administrativas que se venían promoviendo en las propiedades de la franja del litoral marítimo”.

¿Cómo así una entidad como la SBN ignora una orden directa del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo Mori, quien incluso prometió la instalación de una mesa de trabajo con los pobladores de las playas de Piura y Tumbes? Pero no es todo. El titular de Vivienda señaló “que las acciones promovidas por el gobierno anterior y ejecutadas por la SBN, bajo el argumento de la Ley de Playas y de la Ley de Imprescriptibilidad de los Bienes del Estado, han sido interpretadas sin un análisis concreto de la realidad y la existencia, en algunos casos durante años, de propietarios y posesionarios”.

Al respecto vale señalar que algunas versiones señalan que sectores de la Contraloría General vinculados a la gestión anterior de Edgar Alarcón habrían participado en las presiones para que la SBN continúe con sus reclamos sobre los posesionarios y propietarios de las playas marítimas de nuestro país. Sin embargo —al margen de cualquier presión, al margen de cualquier actitud de rebeldía de la SBN frente a una política ministerial—, el problema de fondo es que las pretensiones y las acciones judiciales de la SBN violan principios constitucionales y legales que protegen la propiedad en el Perú.

Como ya hemos informado en este portal, la SBN se ha proclamado en Estado propietario sobre las posesiones y propiedades de todos los ciudadanos, pueblos, ciudades y empresas de las playas del Perú. Estas pretensiones violan sin ningún rubor la Carta Política de 1993 y el libro V del Código Civil, que establecen que la posesión es el origen, la fuente, de la propiedad en el Perú. Las cosas son tan incuestionables al respecto que el Código Civil establece la prescripción adquisitiva: el derecho del posesionario de un predio por más de diez años a reclamar el pleno de derecho de propiedad.

En este portal hemos informado que las pretensiones de la SBN afectan la propiedad y las posesiones en los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos en Piura y Tumbes, no obstante que la mayoría de posesiones prediales de los ciudadanos supera las dos décadas. Pero allí no termina la cosa. En este portal hemos informado que en las provincias de Ica, Palpa y parte de Nasca y Pisco, entre el 2003 y el 2017 la SBN ha inscrito a su favor 228,328 hectáreas de más de 38 partidas registrales inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

En otras palabras, en base a unas leyes de dudosa legalidad, que contravienen la Constitución y otros derechos superiores consagrados en el Código Civil, la SBN se ha proclamado en una especie de “Estado propietario” que, de ninguna manera, está permitido por el actual orden constitucional. Y una de las cosas más graves que se comienza a conocer es que, en muchos casos, las tierras reclamadas por esta entidad son revendidas a terceros. Todas estas cosas suceden a vista y paciencia del Gabinete Zavala y del Congreso de mayoría fujimorista. ¿Hasta cuándo?