Reaccionarios contra reforma laboral

Sobre el régimen laboral especial para jóvenes y la campaña para eliminarlo

Los reaccionarios han pegado el grito al cielo y convocan a movilizaciones de protesta en contra de la nueva ley que crea el régimen laboral especial para los jóvenes de 18 a 24 años, alegando que priva a estos de los “derechos laborales” que tienen los trabajadores sujetos a la ley general de trabajo. La retórica reaccionaria otra vez falsea la realidad y oculta que, por culpa de las sobrerregulaciones laborales, tenemos hoy más de siete millones de jóvenes trabajando en la informalidad. Este es el problema de fondo que tiene que ser resuelto y que ciertos radicales quieren perennizar.

De pronto la nueva legislación especial podría ser criticada en ciertos alcances, pero de ninguna manera se puede decir que atenta contra los derechos de los jóvenes. Todo lo contrario: les abre la oportunidad de iniciar una vida laboral a aquellos que no tenían hasta ahora esa posibilidad por carecer de formación o capacidades para ese efecto.

Como consecuencia del desastroso modelo educativo estatista, millones de jóvenes egresados de las escuelas públicas carecen de calificaciones técnicas que les permitan obtener un empleo. Y si a ello le sumamos los sobrecostos laborales que tienen que cargar las empresas, aquella posibilidad se hacía mucho más remota. Esto no es una conjetura, es un hecho: Según el INEI, el 9.2% de los jóvenes de 18 a 24 años están desempleados y el 57.3% de los que tienen empleo laboran en la informalidad, sin ningún beneficio. En total, más de siete millones de jóvenes.

En ese contexto laboral, el Congreso de la República ha aprobado la ley que, mediante la reducción de los costos de su contratación, incentiva a las empresas para que contraten a 263 mil jóvenes que necesitan capacitarse y formarse laboralmente. En vez de que éstos se refugien en la informalidad que les niega beneficios sociales, tendrán ahora derecho a una paga no menor del sueldo mínimo, 15 días de vacaciones al año, jornada de 8 horas de trabajo, protección contra el despido injustificado, trabajo en sobretiempo, fondo de jubilación y seguro social de salud subsidiado por el Estado en el caso de las Pymes (unos S/. 635 millones al año).

¿Acaso tales condiciones laborales, más la capacitación, no son una opción mucho mejor que enfrentar la ausencia total de beneficios que supone trabajar en la informalidad? Pero la reacción se resiste al cambio por razones ideológicas y políticas. Como si no les importase tantos jóvenes condenados a la marginalidad laboral o al desempleo.

Como el nuevo régimen es temporal y reduce los costos laborales, no incluye gratificaciones, CTS, ni utilidades. Los contratos serán mínimo de un año, prorrogables por seis meses, y máximo de tres años. Cualquier empresa puede acogerse al régimen con un límite máximo del 25% de los trabajadores de planilla. El régimen especial estará vigente solo cinco años.

Quienes reaccionan contra los cambios están diciendo que los jóvenes que ya tienen empleo con beneficios serán reemplazados por los de la nueva ley, lo cual es falso ya que los principales requisitos para acogerse a la nueva ley son no haber estado en planilla antes y no tener calificación laboral. Así de simple.

La nueva ley tiene defectos y puede ser mejorada, por ejemplo dejando que los jóvenes elijan en dónde ahorrar su fondo previsional, en vez de obligarlos a ir al quebrado Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, es un avance que bien podría servir de base para extender después el mismo esquema a los otros seis millones y pico de jóvenes que laboran en la informalidad absoluta, para que también puedan tener beneficios laborales.

El gobierno tiene aquí una oportunidad extraordinaria de hacer realidad la inclusión que predica, rescatando de la marginalidad a millones de jóvenes que trabajan hoy en condiciones laborales deplorables e injustas por culpa de una legislación demagógica y populista.