Radicalismo no quiere diálogo en Las Bambas

Funcionarios del Ejecutivo –encabezados por Jesús Quispe Arones, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM–, ayer se reunieron con representantes de la empresa MMG-Las Bambas y los líderes de las comunidades de Fuerabamba, Huancahuire, Purmamarca, Chucuini, Choaquere y Chila, en busca de una salida a la crisis general de MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta y que acumula más de 470 días de paralizaciones por bloqueos y violencia.

La propuesta de diálogo no fue aceptada por los dirigentes comunales encabezados por Edison Vargas, representante de Fuerabamba. El motivo: exigían que se levante el estado de emergencia. Por su lado MMG-Las Bambas solicitó libertad de tránsito para entrar y salir del campamento minero, reinicio de las actividades productivas y que los pobladores de Huancahuire desocupen los terrenos del tajo Chalcobamba.

El diálogo del 10 de mayo entonces fue un fracaso. ¿Por qué? Los dirigentes comunales, los asesores que fomentan el enfrentamiento y quienes han tomado tierras de los campamentos mineros exigen que se levante el estado de emergencia. Es decir, necesitan carta libre para seguir bloqueando el corredor vial del sur y ejercer violencia contra los activos de MMG-Las Bambas, luego del reciente ataque a 28 puntos del campamento minero. En este contexto, el Ejecutivo, como se dice, silba con las manos en los bolsillos y las autoridades del sistema de justicia y la Policía Nacional del Perú (PNP) renuncian a ejercer la autoridad frente a violentistas que todos los días violan la Constitución, el Código Penal, y pulverizan el derecho de propiedad en el Perú.

Lo más grave de todo: esta situación se produce en un nuevo superciclo de precios de los minerales, sobre todo los del cobre. Con las invasiones al campamento minero, MMG-Las Bambas suma 23 días sin producir cobre, una realidad que le significa una pérdida diaria de S/ 5.2 millones. La indiferencia y desgobierno del Ejecutivo es tal que el 10 mayo pasado Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, criticó duramente al presidente Castillo cuando ambos coincidieron en una ceremonia en el sur, tal como se aprecia en el siguiente video.

Lo que está sucediendo en Apurímac en contra de Las Bambas es un verdadero crimen económico y social que perjudica a los pobres del Perú y de Apurímac. Las Bambas genera 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos, y desde que la mina entró en operaciones redujo la pobreza en los 84 distritos apurimeños del 60% de la población a debajo del 40%. Una crisis que parece increíble para los apurimeños: la mina representa más del 75% del PBI regional. ¿Cómo entonces pueden permitir que decenas de activistas radicales mineros, asesores que fomentan el conflicto, busquen recursos y rentas fáciles ejerciendo violencia y haciendo trizas la Constitución y el Código Penal?

En el caso del Gobierno, al parecer, los sectores comunistas vinculados a Perú Libre –sobre todo durante los gabinetes Bellido y Vásquez– se dedicaron a empoderar las minorías radicales para lanzarlas contra las empresas y paralizar la producción minera. ¿Con qué objetivo? Destruir el sistema de propiedad minera de las últimas tres décadas, que convirtió al Perú en segundo productor mundial de cobre y posibilitó reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia. Destruido el sistema de propiedad, convertidas las áreas mineras en campos de batalla, es más sencillo proponer la estatización de las minas de cobre y materializar el sueño comunista de una PDVSA del cobre.

Sin embargo, lo que llama la atención es la inacción de las instituciones de justicia y la policía nacional. En cualquier sociedad, con un mínimo de institucionalidad, los violentistas ya estarían procesados por violar de manera tan flagrante el Estado de derecho.