Radicales en compás de espera

La estrategia antiminera de frustrar Tía María sigue en pie.

Luego del anuncio de Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pablo Cateriano, de que el gobierno nacional no prorrogará el estado de emergencia impuesto por 60 días en la provincia de Islay, las fuerzas del extremismo antiminero están volviendo a reorganizarse lentamente.

Es cierto que la declaratoria del estado de emergencia amainó el conflicto, pero eso no significa que el proyecto de US$1400 millones tenga viabilidad. Al contrario, quizá se pueda decir, como primera conclusión, que después de estas semanas de paz relativa es prácticamente un hecho que el proyecto tiene mínimas posibilidades de ejecutarse en este gobierno y tendrá que esperar que las condiciones sociales mejoren en el próximo quinquenio.

La segunda conclusión es que si bien el movimiento antiminero ha sufrido una gran baja después que el líder radical Pepe Julio Gutiérrez, ex militante de Tierra y Libertad, el partido político del ex cura Arana, fuese grabado pidiendo “lentejas”, no cabe duda que alguien llenará ese vacío. Por lo pronto ya sabemos que el nuevo alcalde del distrito de Dean Valdivia, Fredy Vilca, quien sustituye al vacado por el JNE  Jaime de la Cruz, apoyará decididamente al radicalismo utilizando recursos públicos.

Una tercera conclusión es que el gobierno nacional prácticamente ha abandonado todo esfuerzo útil para mejorar el clima social y le ha pedido a la empresa responsable del proyecto, Southern, que se mantenga al margen.

Pero lo increíble es que después de estos dos meses no se haya reiniciado el diálogo. Recién hace unos días, representantes del Ministerio de Energía y Minas han declarado que las mesas de diálogo serán instaladas “en las próximas semanas”. Todo esto corrobora la inacción de un gobierno nacional que ha permitido que se paralice una larga lista de proyectos por un monto equivalente a más de US$ 21,000 millones, mientras la economía, según los bancos de inversión, solo crecerá 2.5% este año.

Tampoco el gobierno regional de Arequipa ha mostrado mayor liderazgo en el tema. Yamila Osorio, la gobernadora regional -que se pasea llevando bajo el brazo un informe de la ONG Labor, que representa los intereses del movimiento antiminero- ha declarado que “espera” la invitación del gobierno nacional para ser parte de la mesa de diálogo. Es decir, el estado nacional y el regional vuelven a desperdiciar un tiempo valioso no solo para diseñar una adecuada estrategia que esclarezca los psicosociales que agita el extremismo, sino también para que el proyecto minero sea una realidad en beneficio de la población de Arequipa, y para que la estrella del crecimiento del Perú no se apague.

Una cuarta conclusión es que al parecer hay una mayoría silenciosa que está de acuerdo con el proyecto. Una encuesta reciente en la región Arequipa señala que el 56% de los ciudadanos de esa región está a favor de que el proyecto sea ejecutado. Sin embargo, como suele ocurrir, esta mayoría silenciosa es arrasada por una minoría radical antidemocrática que tiene, como lo hemos señalado, una estrategia en marcha para desestabilizar el modelo económico bloqueando una de sus mayores fuentes de ingresos -sobre todo en la sierra sur- que es la minería.  

No es necesario ser sabio para darse cuenta que la caída del crecimiento económico se debe fundamentalmente al descenso de la inversión privada y a la poca confianza que tienen los mercados -que son entes vivos- ante al discutible manejo de los conflictos sociales por parte del gobierno.

Es importante repetir que después de 60 días de “paz armada”, las fuerzas del movimiento extremista se están recomponiendo porque su objetivo es frustrar a toda costa Tía María e restaurar en el Perú el modelo económico estatista que empobreció al país.