¿Quién representa al mundo emergente?

Si en el Perú se tuviese que hacer un análisis reduccionista sobre las causas de la tragedia nacional que enfrentamos, inevitablemente surgiría un argumento ordenador: la contradicción casi perpetua entre el Perú formal, oficial, y el Perú profundo, emergente y popular. Otra manera de señalar el problema es la contradicción entre el Perú formal e informal.

Si bien la Constitución de 1993 desreguló el sistema de mercados y precios, cancelando el modelo del estado-empresario; si bien, igualmente, los 22 tratados de libre comercio que ha firmado el país han profundizado las políticas de libre comercio, nada parece haber cambiado en el Estado ni en el sistema político, y allí reside el principal problema del modelo.

En efecto, en las últimas tres décadas el modelo económico basado en la inversión privada y las libertades económicas posibilitó triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% –antes de la pandemia– y convertir a nuestra sociedad en una con gran presencia de las clases medias emergentes. De alguna manera el Perú experimentó el mayor proceso de inclusión económica y social de toda su historia republicana.

En este escenario, las murallas levantadas para excluir al mundo andino de las ciudades, simplemente, se derrumbaron. Lima se convirtió en la principal ciudad andina y la desregulación de los mercados posibilitó el surgimiento de amplios sectores del empresariado de origen andino. Los mercados hicieron posible la inclusión, a tal extremo que el racismo tradicional se batió en retirada. Allí están las nuevas clases medias de origen andino avanzando en todas las áreas económicas y sociales.

Sin embargo, la democratización de la economía, la riqueza y la sociedad –no obstante la pobreza que continúa– no se expresó en el Estado, en el Perú oficial, en el sistema político. Tampoco en la cultura. 

En la política y la cultura todo seguía perteneciendo al viejo Perú. Un ejemplo, la legislación laboral peruana está entre las diez más sobrerreguladas del planeta y sus costos son inaccesibles para la mayoría de los llamados emprendedores emergentes. En los mercados populares las ideas de estabilidad laboral o de sueldo mínimo vital son absolutamente inimaginables, porque el principal objetivo de los emergentes es salvar el capital, la inversión. Si se gasta más allá de la productividad (combinación de capital y trabajo), simplemente la empresa quiebra.

Ahora que el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTPE) se ha propuesto implementar la “Agenda 19”, que busca colectivizar las relaciones de trabajo, nadie se levanta a defender a los empresarios emergentes ni a los mercados populares. En el Congreso nadie se da por enterado del hecho de que el 85% del empleo en el Perú es informal, porque los emergentes no pueden pagar los costos laborales.

En el Perú todo lo que signifique Estado, política y políticos parece de espaldas al mundo emergente, que ha generado la mayor inclusión de nuestra historia. De allí que las leyes y procedimientos ante el Estado se hayan convertido en cordilleras infranqueables para los emergentes y la sociedad: desde las leyes laborales, pasando por las licencias, hasta los procedimientos exigidos en los tres niveles de gobierno. Todo es sobrerregulación, exceso de aduanas y procedimientos.

En semejante realidad, la informalidad se convierte en la principal protagonista de la economía y la sociedad. Es la desobediencia civil y pacífica de los emprendedores del Perú ante las malas leyes y procedimientos.

Sin embargo, lo que sorprende es que nadie se proponga representar a este mundo emergente. Ya es sabido que los comunistas –con su intención de estatizarlo y colectivizarlo todo– son los principales enemigos del mundo emergente y los mercados populares. Sin embargo, en el centro, la derecha y el Congreso, nadie parece interesado en representar a los sectores emergentes, que podrían transformarlo todo.