¿Qué espera el Congreso para legislar sobre las oenegés?

Luego de las denuncias sobre el mal uso de miles de millones de dólares de la ayuda internacional de los Estados Unidos –dinero de los contribuyentes estadounidenses– en contra de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) –por haber financiado a oenegés que desarrollaban la agenda progresista, woke y, en general, a todos los enemigos de las sociedades occidentales–, en el acto, el Congreso del Perú debería aprobar el proyecto de ley sobre las oenegés.

Como todos sabemos, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que aumentaba las funciones de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) sobre los recursos del exterior que reciben las oenegés. Antes del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, en el Perú se desató una ola de presiones nacionales e internacionales para evitar que el Congreso legislará sobre el tema. En la argumentación se dijo de todo: se habló del nuevo orden internacional y el derecho a “la participación ciudadana de la sociedad civil en los asuntos públicos y se demandó libertad irrestricta para las oenegés”.

La presión internacional en contra del Legislativo nacional se desarrolló pese a que las legislaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y otras sociedades desarrolladas contemplan mecanismos de control de los estados sobre los recursos externos de las oenegés, incluso más severos que el proyecto de ley nacional en debate. ¿Por qué entonces los progresistas de los países desarrollados desarrollaban esta campaña de presiones?

Es evidente que el Perú y los países en vías de desarrollo, de una u otra manera, eran considerados laboratorios de ensayo de un proyecto de gobernanza global en que los Estados nacionales, las constituciones republicanas eran relativizadas. Un proyecto globalista, por otro lado, una de cuyas condiciones centrales era la desaparición del mayor imperio que se conoció en el mundo libre: la unión americana de los 50 estados. Con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos esta estrategia ha volado por los aires.

El proyecto de un globalismo ideologizado, de una u otra manera, estaba funcionando en el Perú, Chile y Colombia, países que, luego de tener economías pujantes que reducían la pobreza, se sumergieron en guerras políticas y polarizaciones y olas criminales que, de una u otra manera, fueron promovidas por las oenegés progresistas. Por ejemplo, las supuestas oenegés de DD.HH. se dedicaron a promover guerras entre fujimoristas y antifujimoristas, uribistas versus antiuribistas, pinochetistas y antipinochetistas y, sobre todo, se dedicaron a destruir a las fuerzas armadas y las policías nacionales a través de feroces persecuciones y judicializaciones. En este contexto, se organizó el escenario ideal para la ola criminal que atraviesa a los tres países.

En el Perú los neocomunistas que forman oenegés y se atribuyen la representación de la sociedad civil, utilizando el financiamiento exterior, promovieron la destrucción del sistema de partidos políticos, ya sea a través de una brutal judicialización de la política, a través de las llamadas reformas políticas y mediante la restricción del financiamiento privado a los partidos. Felizmente, este último despropósito acaba de ser enmendado parcialmente por el Congreso nacional, ante el avance de las economías ilegales en el financiamiento de alcaldes, gobernadores regionales e incluso bancadas parlamentarias.

Por todas estas consideraciones es difícil entender las demoras del Legislativo para aprobar la nueva legislación que posibilitará controlar y fiscalizar los recursos externos de las oenegés. Es un asunto de soberanía nacional, de vigencia del Estado de derecho y de las leyes nacionales; a menos que se pretenda que los activistas del progresismo y el neocomunismo tengan fueros y estatutos especiales diferente a los de todos los peruanos.