Proteger las inversiones mineras ante la amenaza del radicalismo

Escuchando diversas voces que reclaman una acción más decida del Estado en la defensa de la minería moderna, porque así lo establecen la Constitución y las leyes, el Ejecutivo promulgó un decreto en el que se amplía la vigencia del estado de emergencia en parte del denominado Corredor Vial del Sur, en donde se emplazan las principales minas de del país, que producen más del 50% del cobre nacional. 

Como todos sabemos, las minas Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Constancia, entre otras, son constantemente acosadas por el radicalismo antiminero, que pretende paralizar la producción de cobre planteando mitos y leyendas con respecto al medio ambiente. Si consideramos que la minería le agrega alrededor de un punto al PBI, entonces se entiende por qué los colectivismos antimineros pretenden bloquear esta actividad: para ralentizar el crecimiento de tal manera que el Perú vuelva a ser una sociedad que aumenta pobreza. Así, las elecciones del 2021 se convertirían en un juicio popular contra la economía de mercado y el régimen económico de la Carta Política.

En este contexto la decisión del Ejecutivo merece respaldarse porque se trata de salvaguardar las inversiones mineras que estaban a merced de los grupos radicales. A través del Decreto Supremo 043-2020 el Ejecutivo promulga la extensión del estado de excepción, que rige desde ayer 9 de marzo por los próximos 30 días. Vale recordar que hace más de un mes, exactamente el 8 de febrero, el Ejecutivo, a través de otro decreto declaró el estado de emergencia en esta zona. En ese sentido, creemos que extender la declaratoria de emergencia ha sido un acierto porque días atrás, en el distrito de Capacmarca, algunos líderes antimineros, aprovechando que ya había terminado dicho estado, empezaron a organizarse contra la empresa minera Las Bambas.

Ahora, ¿por qué decimos que ha sido un acierto extender el estado de emergencia en el corredor vial? Porque el Ejecutivo debe resguardar la continuidad de las operaciones de las empresas mineras en esa zona, donde se produce más del 50% del cobre del país. Hoy en el corredor minero existe una estrategia para liquidar todas las inversiones mineras, una estrategia dirigida por organizaciones no gubernamentales en coordinación con los líderes políticos de extrema izquierda. Ahora, por ejemplo, se intenta, a través de una demanda en el Tribunal Constitucional, que la Policía Nacional deje de garantizar la seguridad en las operaciones mineras.

Por todo lo anterior, es importante que el Ejecutivo haya recogido el criterio de las voces que reclaman firmeza y energía de parte del Estado en la defensa de las minas y las inversiones en recursos naturales que pretenden bloquear o paralizar los sectores radicales.

No obstante esta buena decisión gubernamental, no se debe olvidar la falta de prevención social del Ejecutivo para evitar que estallen los conflictos sociales. Ahora, por ejemplo, existen cinco conflictos alrededor de la minería que aún no han sido resueltos. La autoridad que se creó para prevenir y gestionar los conflictos en dicha zona aún no ha mostrado resultados eficientes en la reducción de la incertidumbre y mejora de la convivencia entre comunidades y empresas.