¡Prorrogar el estado de emergencia en el sur!

Desde este portal solicitamos al Gobierno que extienda el plazo del estado de emergencia que promulgó el pasado 8 de febrero en el denominado Corredor Minero del Sur. ¿Por qué hacemos este pedido? Por diversas razones que expondremos a continuación.

Antes vale recordar que en febrero pasado el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 020-2020-PCM, en el que se declaró en estado de emergencia una parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa. La norma entró en vigencia en los tramos comprendidos entre el distrito de Coporaque (Espinar) y el distrito de Ccapacmarca (Chumbivilcas) y los 500 metros adyacentes a lo largo de esta vía. La razón del estado de excepción fue que entre en enero y febrero pasado dos comunidades, de Coporaque y de Capacmarca, cerraron la vías del corredor por donde transitan los carros y los camiones que transportan los minerales hasta el puerto de Matarani (Arequipa). Pues bien, con la declaratoria de emergencia se restableció el Estado de derecho en la zona.

Ahora, ¿por qué pedimos que se amplíe este estado de excepción? Porque, como decíamos, existe una estrategia para paralizar las inversiones mineras, sobre todo en el mencionado Corredor. De no extenderse el estado de emergencia, es casi seguro que los diversos sectores radicales y movimientos antimineros se reorganicen para paralizar la producción de Las Bambas, el gran megaproyecto de cobre del Perú.

Pero, ¿qué se arguye para desarrollar estas iniciativas violentistas en contra de Las Bambas y otras operaciones mineras en la zona? Los líderes y dirigentes exigen que se derogue un decreto ministerial en que se declara el corredor como una vía nacional. Esto es lo que en un primer momento se dice. No obstante, el fondo del asunto no sería sino un interés absolutamente pecuniario por parte de estos dirigentes comunales que hoy organizan paros.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) pagó S/ 5.8 millones a propietarios de los predios en la comunidad de Arcospampa Congota, ubicada en el distrito de Mara (provincia de Cotabambas, Apurímac). Esta es una comunidad por donde pasa el Corredor Vial; en ese sentido se comprende el justiprecio por las propiedades comunales. No solo eso, el MTC ha suscrito convenios que benefician de manera directa a otras cuatro comunidades campesinas (Pumamarca, Choquecca-Antuyo, Allahui y Quehuira). El asunto es que luego el MTC también acordó que se pagará a un grupo de habitantes de las comunidades de Chumbivilcas (Cusco), grupo entre los cuales no están incluidos las comunidades como Capacmarca, Coporaque o Cancahuani. Este es el quid del problema. En ese marco, algunas organizaciones no gubernamentales actúan como “defensoras”, cajas de resonancia y asesoras en la sombra de dichas comunidades.

Se debe, pues, ampliar el plazo del estado de emergencia; de lo contrario, con seguridad el caos y la violencia se apoderarán de esta zona vital para los intereses económicos del país. Sin embargo, también agregamos que es hora de que el Ejecutivo enfrente de una vez por todas el asunto y elabore una estrategia para prevenir y, sobre todo, atender los conflictos alrededor de la minería.

Mirar a la distancia los problemas que se acumulan en la minería es ignorar el papel que en el Perú ha tenido este sector en el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza de las últimas tres décadas. El Perú tiene una cartera minera de US$ 62,000 millones. Y si estuviese en ejecución todo su potencial minero, el Perú se expandiría sobre el 5% y la pobreza estaría debajo del 15% de la población.