Perú Libre plantea expropiar predios de clase media

Como parte de la estrategia de agudizar los enfrentamientos de clases, los diversos grupos comunistas detrás de la candidatura de Pedro Castillo y Perú Libre, han lanzado una propaganda demagógica en la que se habla de expropiar tierras agroexportadoras, inversiones mineras y fábricas para luego entregar estos activos a la población. Lo que no se le dice a la gente es que, minutos después de las confiscaciones, esos activos se desplomarán en valor, tal como sucede en Venezuela. En el país llanero una casa puede tener el valor de un teléfono inteligente.

En el mismo sentido ha empezado una campaña demagógica con los inquilinos: se les promete la propiedad en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Se promete que las casas, departamentos, tiendas, stands de galerías comerciales y demás predios en alquiler, serán entregados a los inquilinos. 

 El “derecho a la vivienda”, que suelen propagandizar los comunistas –tal como sucedió en Venezuela y demás estados socialistas– desaparecerá en poco tiempo. Los jóvenes no tendrán posibilidades de comprar al crédito el depa de sus sueños porque la oferta desparecerá por la ausencia de inversiones en el mercado inmobiliario. El Estado constructor reemplazará a los privados y los barrios mesocráticos se homogenizarán con la precariedad de los barrios más pobres. En vez de igualar hacia arriba, se igualará hacia abajo. El tugurio y el hacinamiento regresarán, como en los ochenta.          

No es la primera vez que se anuncia una confiscación masiva de propiedades –en su mayoría– de personas naturales. Durante la dictadura de Juan Velasco los sectores comunistas promovían la idea de que la renta que el inquilino pagaba cada mes debía ser considerada un adelanto por la compra de la propiedad ocupada. 

El peligro de construir y alquilar viviendas hizo que los proyectos multifamiliares financiados por los privados se redujeran a cero. Únicamente el Estado construía conjuntos habitacionales para determinados sectores de la población, la mayoría orientados a la clase media vinculada con la administración pública. Con la revolución socialista de Velasco, las posibilidades de los pobres de adquirir una vivienda eran nulas. Los créditos hipotecarios para la compra de vivienda no existían. Los contratos de compra-venta, en su mayoría se hacían al contado y con dinero en la mano.    

Con la reforma económica de los noventa y el respeto al Estado de derecho –y, en consecuencia, a los contratos de alquiler– en la década de los noventa surge el boom inmobiliario. Como nunca antes en la historia la demanda de vivienda comenzó a ser cubierta primeramente por pequeños y medianos constructores nacionales. Los inversionistas no solamente eran arquitectos e ingenieros civiles dedicados a la actividad, sino también médicos, abogados y ahorristas que todavía consideran que la inversión segura es en ladrillo y cemento. Arriesgaron el fruto de su trabajo para asegurar su futuro y el de su familia. 

El boom inmobiliario fue generado por la revolución y expansión del crédito que financió las propiedades de las clases medias emergentes. En los últimos veinte años, en todas las ciudades, el progreso económico es visible.      

La amenaza de confiscar la propiedad privada alquilada es real. Hugo Chávez ya lo hizo descaradamente y de manera pública en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela. ¡Exprópiese!, decía el teniente coronel señalando con el dedo a las propiedades que sus militantes le aseguraban pertenecían a la burguesía. ¿Con qué seguridad podrá usted alquilar y comprar una propiedad en un eventual gobierno del partido comunista Perú Libre? Se terminó el sueño de la casa propia.