Pequeña minería: ¿formalizar o no formalizar?

Si bien es cierto que ocuparse de los temas sectoriales empieza ser un ejercicio complicado en medio del escándalo Lava Jato. que afecta a toda la clase política, abordar los problemas de la gobernabilidad demanda, por ejemplo, ocuparse de la pequeña minería en el Perú. Según una de las últimas entrevistas concedidas por el fundador de la minería moderna en el Perú, don Alberto Benavides de la Quintana, la minería informal representaba un universo de 400,000 mineros artesanales, de los que dependen un millón de personas. Don Alberto también sostuvo que la producción informal anual de oro y cobre sumaba un valor de US$ 2,000 millones.

Si el Estado carece de una política de formalización, tarde o temprano este vasto sector social promercado y proempresarial caerá bajo las influencias de las propuestas antisistema; tal como pudo pasar, por ejemplo, en las elecciones del 2006. Negarse a una efectiva formalización e inclusión de los mineros artesanales, entonces, es un problema para la democracia y la economía de mercado.

De allí la enorme importancia de que el Ejecutivo supere las políticas de exclusión que aplicó el pasado gobierno nacionalista y, particularmente, el ex ministro Manuel Pulgar Vidal. Todo parece indicar que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, tiene las mejores intenciones para modificar la legislación en contra de la formalización que se ha promulgado hasta ahora, y los peruanos de buena voluntad deberíamos respaldar estas intenciones. ¿Cuáles son esas normas que deberían cambiarse? Por ejemplo, el reglamento del Decreto Legislativo N° 1336 está diseñado para excluir más que formalizar: los formatos exigen que para formalizarse el minero artesanal debe presentar un inventario de las reservas probadas y probables del yacimiento a explotar, los contratos y las concesiones del Estado correspondientes, las facturas de los últimos cinco años, el RUC correspondiente y las declaraciones anuales. En otras palabras, al minero informal se le exige que sea “formal” para formalizarse, y que también cumpla los mismos requisitos que se demanda a la gran minería.

Las normas sobre IGAFOM son una copia de las que se aplican a la Mediana Minería. El Catálogo de Medidas Ambientales tiene 500 páginas. Para completar el cuadro, el Proyecto de Fiscalización publicado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) establece infracciones de todo tipo y multas que van hasta 5,000 UIT o 10% de los Ingresos. Con semejante legislación, ¿cómo puede haber política formalizadora? Y si a estos hechos le sumamos la norma que, en la práctica, considera a todas las actividades de la minería informal como parte de los delitos de crimen organizado, la política de exclusión del minero artesanal se cierra por completo.

Pero no solo se trata de legislación antiformalizadora, sino que —a diferencia de la voluntad convocante de la PCM— otras entidades del Estado tienen una política de judicialización en contra del minero artesanal. Por ejemplo, el Ministerio del Interior continúa con las operaciones de interdicción contra los mineros artesanales, mientras que los pequeños productores padecen las más diversas y complejas formas de extorsión por su situación de ilegalidad. Igualmente, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el OEFA del Ministerio del Ambiente promueven sanciones, embargos e interdicciones en contra de los pequeños productores, anulando cualquier criterio de política formalizadora.

En otras palabras, la legislación antiformalizadora y ciertas entidades del Estado que solo buscan la sanción y la judicialización de los excluidos adrede de la legalidad se convierten en los ejércitos enemigos del minero artesanal. ¿Por qué no se entiende que se está creando un conflicto social que puede tener graves consecuencias para la gobernabilidad?

En el preciso momento en que el Perú necesita aislar a los sectores antisistema y al radicalismo antiminero para relanzar todos sus grandes proyectos mineros —sobre todo en cobre— una política estatal en contra de la pequeña minería complica las cosas a niveles impensados.