Pequeña minería: aprender de Chile

Esta semana estuvo en Lima Igor Díaz López de Maturana, secretario regional de Minería de la Región de Coquimbo —por invitación del director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, Máximo Gallo— con el objeto de conocer la importancia de las políticas del Estado chileno para la promoción de la mediana y pequeña minería. Una invitación que se debe aplaudir, habida cuenta de que todas las políticas de formalización de la minería artesanal han fracasado de manera estrepitosa. De un total de 400,000 mineros informales que existen en el país, solo 70,000 han aceptado formalizarse. De esa cantidad únicamente 30,000 han pasado a la etapa de saneamiento legal, pero solo 113 lograron formalizarse al término de la gestión de Humala..

Por todas esas consideraciones es incuestionable que la formalización de la minería artesanal iniciada por Humala y Pulgar Vidal fue un rotundo fracaso.Los avances de este gobierno no son tan halagadores pese los números presentados.

En este contexto, los contrastes con el papel que juega la pequeña y mediana minerías junto a las grandes inversiones en Chile son más que evidentes.

Por ejemplo, en el país del sur recién a partir del procesamiento de más de 5,000 toneladas métricas del mineral al mes, el mediano minero está obligado a tramitar permisos y licencias, porque a diferencia de la minería aluvial,  a nadie se le ocurre que la pequeña minería subterránea o de socavón pueda contaminar. Antes de procesar esa cantidad límite, el Estado chileno alienta y promueve la extracción de mineral de parte de los pequeños mineros. En el Perú, por el contrario, desde la primera lata de mineral extraída el Estado exige una multitud de permisos y gastos en formalización que se convierten en inalcanzables para los mineros artesanales. Debemos señalar que en el Perú ningún Pequeño Productor Minero ni Productor Minero Artesanal produce la mitad de 5,000 toneladas. Si ellos estuvieran en Chile, entonces. no pasarían el vía crucis del Perú.

Y si a esto le agregamos que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) —del Ministerio del Ambiente— y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), priorizan las multas, sanciones y embargos antes que una política de formalización, se entiende porqué ha fracasado la formalización.

Lo paradójico de esta situación es que en Chile escasea el oro, mientras que el Perú abunda en todas las regiones del territorio. En el país del sur toda la producción de oro es formal; mientras que en el Perú, en promedio, se comercializan 5,000 kilos mensuales de oro en contrabando. En este contexto pierde el fisco porque no se recaudan tributos, pierde el medio ambiente porque la ausencia de formalidad impide una correcta fiscalización ambiental y, por supuesto, pierde el pequeño minero, quien contempla cómo el Estado le cierra todas las puertas a la formalidad.

Mientras que el Estado chileno reconoce el protagonismo y el papel de los pequeños y medianos mineros, en el Perú la administración PPK aprobó un decreto legislativo que considera los delitos de minería ilegal como parte de los delitos de crimen organizado. Y si tenemos en cuenta que durante el pasado gobierno nacionalista se aprobó una legislación que, en la práctica, considera a toda la minería informal como minería ilegal, el círculo de la exclusión del minero artesanal aparece cerrado. En nuestro país, la interdicción, las multas impagables, los embargos, la cárcel, la pérdida de dominio, las acusaciones de lavados activos y de crimen organizado, son "las herramientas" con que el Estado se relaciona con los mineros artesanales.

Como se aprecia con absoluta claridad, el Estado y una parte de la sociedad, aparecen en abierta confrontación con la minería artesanal, influenciados por las ONG de izquierda. A nuestro entender es un juego en el que todos pierden: desde el Estado, pasando por el medio ambiente, hasta el minero artesanal. Pero lo más peligroso: la fuerza de la minería artesanal, una fuerza procapitalista y proempresa, puede terminar bajo la influencia de las propuestas antisistema. De allí la enorme importancia de la visita del secretario regional de Minería de Coquimbo para entender que la guerra contra los pequeño mineros es una guerra sin sentido. Es una guerra que podría costar la economía de mercado.