¡Otra vez Máxima Acuña de Chaupe!

Demanda en EE. UU. a concesionaria de proyecto Conga

La noticia reciente de que Máxima Acuña de Chaupe, con el patrocinio de una organización no gubernamental internacional, demandó días atrás a la empresa minera Newmont (concesionaria del proyecto Conga, ubicado en Cajamarca) en el estado de Delaware, en Estados Unidos, para “detener el hostigamiento sistemático y los abusos físicos y psicológicos” que “sufre por parte de la seguridad” de la referida empresa, representa un nuevo paso en la estrategia contra las inversiones mineras en la región cajamarquina y en el país.

En el documento que ha hecho público la ONG Earth Rights International (ERI), firmado por su representante Marco Simons, se sostiene que la denuncia contra Newmont se interpuso “para detener la intimidación y hostigamiento contra la familia Chaupe (y) para que puedan vivir tranquilamente y cultivar sus tierras". Dentro del paquete de argumentos presentados por ERI y Acuña de Chaupe contra la empresa minera se asegura que Newmont ha tratado de “desalojar a los demandantes con ataques físicos y emocionales, amenazas de muerte o daños, invasión de privacidad, robo y destrucción de bienes, extorsión, afectación a la reputación pública, obstrucción a las operaciones agrícolas y denuncias penales ilícitas”. Además de ello, se busca una reparación civil de US$ 75,000 para cada miembro de la familia Acuña de Chaupe, que serían alrededor de quince personas. ¡Tremendo demanda!

Desde este portal hemos seguido con atención el caso de Acuña de Chaupe y hemos denunciado las mentiras e inconsistencias que se han fabricados con respecto a la supuesta lucha entre “La hija de la laguna” y la empresa concesionaria del proyecto Conga. Incluso estas mentiras llevaron a que Acuña de Chaupe obtenga el Premio Goldman, que viene con un jugoso monto de US$ 150,000.

Las mentiras son muchas. Entre ellas está el relato inventado de que Máxima Acuña de Chaupe y su esposo Carlos Chaupe son dueños del terreno que ocupan en Tragadero Grande, en Sorochuco (Cajamarca), y que la compañía Newmont pretende despojarlos de esa tierra abusando de su poder económico y sin tener ningún derecho. No obstante, la verdad es diferente. Los terrenos que reivindica la familia Chaupe Lozano pertenecen legalmente al Proyecto Conga desde 1997.

La señora en mención y Grufides (la ONG de Marco Arana) indican que el terreno ocupado por la familia Chaupe Acuña (en Tragadero Grande) está fuera de la propiedad de la empresa minera, la que habría invadido este terreno. Incluso en un video realizado por Grufides, esta ONG reconoce la venta de terrenos que la comunidad de Sorochuco le hizo a Yanacocha, pero NO reconocen que dentro de esa venta estuvo el terreno denominado Tragadero Grande. Pues resulta que semejante afirmación es una mentira. El Proyecto Conga no ha invadido ningún predio. La única verdad es que Minas Conga compró dos terrenos: el primero el 18 de enero 1996 y el segundo el 18 de noviembre de 1997. El terreno que la señora Acuña reclama como suyo (Tragadero Grande) está entre ambos terrenos comprados por Yanacocha en 1996 y 1997.

Otra de las denuncias es que los trabajadores de seguridad de la compañía minera mantienen en constante hostigamiento a la familia Chaupe Acuña. Pues solo basta ver algunas pruebas (https://www.youtube.com/watch?v=va8KJ4n0Bro) para corroborar que eso es mentira. Se dice que los agentes destruyen los cultivos (papa, oca, olluco) que la familia ha sembrado y que atacan y maltratan física y psicológicamente a la señora Máxima. Nada de lo narrado por la familia Chaupe es cierto. Repetimos, solo basta ver el video.

Quizá otro ejemplo de que no existe hostigamiento, maltrato ni mal uso de la ley por parte de la compañía minera es el infausto fallo que dio la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que declaró infundado el recurso de casación presentado por la empresa minera contra otro fallo de la Corte Superior de Cajamarca. Ese fallo, del 2014, absolvió a los miembros de la familia Chaupe del cargo de "usurpación agravada" por ocupar ilegalmente terrenos de propiedad de la empresa en agosto de 2011. Ello demuestra que es absolutamente falso aquel mito inventado por el movimiento antiminero de que las empresas mineras tienen “comprado” al Poder Judicial.