Otra vez la constituyente. ¡Todo el poder a los soviets y Perú Libre!

La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, acaba de presentar un proyecto de ley para que se autorice al presidente Pedro Castillo y a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, a convocar elecciones de representantes de una asamblea constituyente. 

Pero lo delirante de la iniciativa es que también se propone el camino soviético: se plantea la autoconvocatoria de una constituyente si un millón de ciudadanos, con firmas verificadas por la autoridad electoral, se adhiere a la iniciativa. Es decir, la clásica estrategia bolchevique de cambiar régimen sociales y políticos a partir del activismo de una minoría. En otras palabras, un millón de peruanos podrían decidir el destino de más de 32 millones de connacionales. Algo más. La iniciativa de la congresista de Perú Libre propone una constituyente de 300 representantes con equidad de género.

Es evidente entonces que la congresista pretende todo el poder para Perú Libre. Se propone que la propiedad, el ahorro y los activos de todos los peruanos y las empresas dependan de 300 constituyentes. Se plantea igualmente que todas las instituciones –tales como el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público– se conviertan en entidades líquidas y relativas, y que su continuidad dependa de los 300 constituyentes autoconvocados por los activistas de Perú Libre.

Semejante iniciativa revela que la guerra política que se ha desatado en el Perú continúa a todo vapor, al margen de que en el Ejecutivo ya no se verbalice la propuesta de la constituyente y de las nacionalizaciones. Perú Libre no solo pretende el Gobierno, sino también busca entronizarse en el Estado por décadas, a través del cambio de régimen económico y social.

Una de las cosas que más llama la atención en la argumentación a favor del mencionado proyecto de la constituyente es que se sostenga que la actual crisis económica y social proviene de la vigencia de la Constitución de 1993. Al respecto vale recordar que antes de la llegada de Pedro Castillo y Perú Libre al poder, el Perú se había convertido en un milagro económico entre los países emergentes del planeta. No solo se había triplicado el PBI, sino que se había producido uno de los procesos de reducción de pobreza más asombrosos del planeta. En tres décadas de crecimiento la pobreza había descendido del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia. El país se había convertido en una sociedad de ingresos medios con una expansión sorprendente de las clases medias.

El motor de ese proceso era la inversión privada, que solía crecer sobre los dos dígitos anualmente y representaba cerca de una cuarta parte del PBI. Los organismos multilaterales señalan que del total de pobreza reducida en ese periodo, el 75% era aporte privado; es decir, provenía del crecimiento y de la generación de empleo. Sin embargo, los anuncios de la constituyente y de las nacionalizaciones, por parte del Gobierno de Pedro Castillo, frenaron en seco tres décadas de crecimiento y de reducción de pobreza.

El crecimiento de la inversión privada, simplemente, se desplomó por los anuncios de Castillo. Se desató una fuga de capitales y los proyectos de inversión –grandes, pequeños, medianos y micros– entraron en pausa. Hoy el magro crecimiento de la economía no permitirá reducir la pobreza, y la falta de empleo ha desatado un estallido social ante la subida de los precios, derivada de la guerra en Ucrania.

A pesar de semejante tragedia y destrucción nacional, Perú Libre, el partido del gobierno más incapaz de la historia republicana, propone que para solucionar la crisis todo el poder se concentre en 300 activistas y militantes comunistas. Todo suena a despropósito, pero la propuesta es real.