Oenegés y sindicatos anticapitalistas piden un nuevo Acuerdo de Escazú

Diversas oenegés de izquierda y sindicatos de izquierda anticapitalistas acaban de emitir un pronunciamiento exigiendo que el Estado peruano asuma un papel más proactivo en la elaboración de un nuevo tratado vinculante sobre “la relación de las empresas y corporaciones y los temas de los derechos humanos”.

Desde la primera frase del mencionado pronunciamiento se percibe la influencia marxista, progresista y anticapitalista: las empresas son convertidas en enemigas del desarrollo humano y de los derechos humanos. En otras palabras, las empresas no son la única fuente de riqueza, de bienestar y prosperidad que se conoce en la actual civilización, sino que se trata de las enemigas del hombre y del medio ambiente que suelen describirse en los viejos programas comunistas.

Entre el 24 y el 28 de noviembre se reunirá la Sesión del Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (IGWG, por sus siglas en inglés), auspiciada por las Naciones Unidas, que buscará aprobar un tratado vinculante sobre la relación entre empresas y los derechos humanos. En el comunicado de las oenegés y sindicatos de izquierda, de clara orientación anticapitalista, se establece que el supuesto tratado sería “el primer instrumento internacional especializado que permitiría sancionar los abusos del poder empresarial en casos de violaciones de derechos humanos, de los pueblos, de sus territorios y de la naturaleza”. 

Más adelante se sostiene que si bien “El Estado ha avanzado en la elaboración de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, la persistente vulneración de derechos humanos a consecuencia de grandes proyectos extractivos…” hace que los firmantes soliciten que el tratado abarque a las empresas transnacionales y nacionales y sus cadenas de valor. Algo que merece subrayarse en la solicitud de los firmantes: se exige que el tratado establezca la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y sus tribunales de arbitraje.

¿Cuál es el objetivo del progresismo mundial y nacional cuando se apoya la suscripción de este tratado? El primer objetivo es sustraer todos los temas económicos, sociales y políticos, que se derivan de las inversiones privadas de la jurisdicción nacional, y trasladarlos a los tribunales internacionales de derechos humanos, tal como sucedió en los asuntos de terrorismo. De esta manera los conflictos derivados, por ejemplo, de los proyectos mineros de Conga, Tía María y el desarrollo de minas de tallas mundial como Las Bambas y Quellaveco, tendrían que ser vistos por el sistema interamericano de justicia, que hoy está controlado por las corrientes progresistas y colectivistas. Igualmente, cualquier conflicto social derivado de una inversión petrolera, en una carretera o en un sistema hidráulico, se convertiría en un asunto de derechos humanos.

El objetivo es el mismo que el del pasado Acuerdo de Escazú, que la mayoría de peruanos, el Congreso y las instituciones han rechazado categóricamente. Es decir, el objetivo del nuevo tratado es detener la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, con el objeto de fortalecer las alternativas anticapitalistas en general.

Vale recordar que el llamado Acuerdo de Escazú, una nueva versión 2.0 de los nuevos tratados que impulsa el globalismo ideológico, igualmente, pretendía convertir cualquier tema económico y social vinculado a la inversión privada en un asunto de derechos humanos, y sustraer el tema de la jurisdicción nacional a favor de la Corte Interamericana de Justicia, hoy muy inclinada al progresismo y al anticapitalismo en general. 

En el Acuerdo de Escazú el asunto llegaba a tales extremos que los violentistas, antimineros radicales, que bloquean carreteras e invaden campamentos mineros, eran calificados como “defensores ambientalistas” y adquirían un fuero especial. Es decir, la justicia nacional no los alcanzaba si hacían trizas la Constitución y las leyes nacionales en Conga, Las Bambas, Tía María o en cualquier inversión nacional.

Por todas estas consideraciones, las mayorías nacionales, los peruanos de buena voluntad que defienden la Constitución, deben oponerse frontalmente a todos los proyectos que pretenden menoscabar la soberanía nacional a favor de instancias internacionales ideologizadas de clara orientación anticapitalista.