¡No va Chinchero y Vizcarra renuncia!

Terrible resultado para el Ejecutivo y el país

El caso Chincheros, que acaba de terminar con la renuncia del vicepresidente Martín Vizcarra al portafolio de Transportes y Comunicaciones, representa una demostración más de la impericia política de la administración PPK y otro triste resultado de la polarización entre Ejecutivo y Legislativo que no tiene cuando amainar.

Si bien la firma de una adenda al contrato con Kuntur Wasi era cuestionable porque trasladaba el 80% del riesgo de la inversión al Estado y deformaba la naturaleza de una Asociación Público Privada (APP) —que busca riesgos compartidos entre privados y Estado— era evidente que una rescisión unilateral del contrato, luego de firmada la mencionada adenda, era más costosa para el Perú. Y no solo por los posibles juicios que la empresa puede iniciar contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), sino sobre todo por las terribles señales que se envían a los agentes del mercado en momentos en que se ralentiza el crecimiento económico.

Luego de la firma de la cuestionada adenda, el Ejecutivo logró comunicar algunas ideas que parecían avizorar una salida al entrampe que se había generado con la modificación del contrato: que no existían plazos para el cierre financiero y que no se habían puesto topes a los intereses. En ese contexto, si bien la idea de que la adenda le permitía ahorrar al Perú US$ 590 millones no parecía del todo creíble, durante la interpelación a Vizcarra el fujimorismo arrojó un bote salvavidas: propuso cambiar el plazo de la concesión, como una posible salida al problema.

No obstante un informe de la Contraloría —que no tiene carácter vinculante— estableció que se había encontrado responsabilidad penal en diez funcionarios de los sectores Transportes y Economía. En el acto, el mundo se derrumbó para el pepekausismo y se anunció que el contrato no iba, y encima Vizcarra se vio obligado a renunciar al despacho. Una suma de despropósitos de un gobierno sin recursos políticos y que, de una u otra manera, ha decidido navegar en la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo.

A entender de este portal, el desenlace político que comentamos es lo que suele suceder en una democracia en la que existe una polarización inexplicable entre Ejecutivo y Legislativo. Si entre el gobierno —que representa a la tercera bancada del Legislativo— y la mayoría legislativa hubiesen existido los puentes necesarios —que se extienden en todas las democracias—, el pepekausismo y el fujimorismo habrían llegado a la conclusión de que la APP de Chinchero que había dejado el nacionalismo era una deformación de esa modalidad de inversión y, seguramente, también habría existido la voluntad de modificar o cancelar otros contratos como el cuestionado Gasoducto del Sur.

Y si existiesen esos puentes o una especie de teléfono rojo —alegoría de la fenecida Guerra Fría— entre los principales líderes del país, en este caso entre PPK y Keiko Fujimori, quizá el Perú no se estaría envolviendo en esta vorágine autodestructiva en la que la lucha contra la corrupción comienza a relativizar la necesidad de relanzar el crecimiento económico. Si las investigaciones y los procesos logran paralizar el crecimiento económico, entonces, la polarización política no permitirá hallar los espacios necesarios para que el pepekausismo y el fujimorismo dialoguen. Y si el Perú sigue creciendo a tasas bajas no seguirá reduciendo pobreza como en los últimos años y la desesperanza se extenderá. Y como ya lo hemos dicho infinidad de veces, ese escenario solo favorece a las propuestas antisistema.