¡No hay república sin control ni fiscalización de oenegés!

A pesar de la revolución digital y la revolución en las telecomunicaciones y la conectividad en general –procesos que vuelven líquidas, porosas, las fronteras entre los estados nacionales y las instituciones– las sociedades democráticas todavía no han inventado modelos alternativos al sistema republicano moderno. Es decir, si se pretende vivir en libertad, las mayorías tienen que elegir a los poderes soberanos (Ejecutivo y Legislativo), y el sistema de gobierno tiene que ser uno basado en el gobierno de las instituciones que controlan los excesos del poder.

Hasta hoy las únicas formaciones políticas –que igualmente se han creado en democracia– que representan a la soberanía ciudadana son los partidos políticos. No hay otra institución o entidad parecida. ¿Por qué? Los partidos políticos son fiscalizados y controlados por los ciudadanos, e incluso, en casos extremos, la sanción del voto popular decreta la extinción de los partidos. E igualmente, algunos estados democráticos han incrementado las regulaciones y controles sobre el financiamiento privado a los partidos. En el Perú la sobrerregulación a la vida de los partidos ha pasado todos los extremos imaginables, a tal punto que las empresas privadas –de acuerdo con el recetario marxista– no pueden aportar a los partidos. Semejante postura ideológica ha desatado el financiamiento de las economías ilegales a la política.

Por otro lado, las empresas privadas y los mercados, otras instituciones claves en cualquier sistema republicano o democracia, como se dice, tiene todos los controles habidos y por haber. Desde la autoridad tributaria, la autoridad laboral hasta el veredicto de los consumidores. Las empresas triunfan, fracasan e incluso desaparecen porque los consumidores ejercen una plena soberanía con sus preferencias y rechazos.

En ese sentido, en los sistemas republicanos, en los sistemas de gobierno basados en instituciones que controlan el poder, no hay entidad fuera de controles y fiscalizaciones. Sin embargo, desde fines de la Guerra Fría, las corrientes neocomunistas y progresistas han encontrado en las oenegés la herramienta que reemplaza a los viejos partidos comunistas leninistas para desarrollar sus estrategias de poder. Como en los viejos programas colectivistas, la acción de las oenegés se recubre de conceptos como la participación ciudadana, el protagonismo de la sociedad civil, “la defensa de los pobres y los excluidos y de todos los sectores sin voz”. Hasta se han apropiado de la representación de los Derechos Humanos.

Para avanzar en sus objetivos, las oenegés reclaman un estatus especial que, en la práctica, significa crear una aristocracia pública que escapa de los controles del sistema republicano. Se trata de una estrategia que el globalismo aplica a nivel mundial, sobre todo en los países periféricos. Y he allí la explicación de por qué las oenegés en el Perú se oponen a que el Legislativo apruebe una ley que incremente los controles sobre los recursos externos de las oenegés.

Como todos sabemos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha aprobado un dictamen que incrementa las funciones de control y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los recursos que reciben las oenegés del exterior. Una norma que es réplica de las legislaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y otros estados desarrollados –incluso en esos países las penas son mucho más severas–; sin embargo, las oenegés desarrollan una oposición al mencionado proyecto de ley que es difícil de entender.

¿Cómo una república que se reclama soberana va a renunciar a fiscalizar los recursos que vienen del exterior para las oenegés, cuando estas entidades se han convertido en protagonistas de las principales políticas públicas? En los últimos años, en medio de la crisis política y la judicialización de la vida pública, en medio de los muros que se levantaron contra el crecimiento y la inversión privada –resultados directos de las políticas promovidas por las oenegés– se llegó a sostener que no se necesitaban formar partidos ni ganar elecciones para gobernar. Si el Congreso renuncia a legislar sobre las oenegés semejante aserto se convertirá en una verdad incuestionable de aquí hacia el futuro.